Pronunciamiento público de Forest Peoples Programme frente a campaña de desprestigio e intimidación en Ucayali, Perú

9.11.22

Desde el Forest Peoples Programme (FPP) alertamos con preocupación sobre una creciente campaña de desprestigio e intimidación bien financiada y coordinada en Ucayali, en la Amazonía peruana, en la que participan medios de comunicación regionales, abogados y "voluntarios" locales y que tiene como objetivo silenciar a líderes indígenas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones indígenas y de derechos humanos, a raíz de su trabajo para defender el territorio ancestral de la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya frente al tráfico de tierras, la deforestación masiva y la expansión de los monocultivos de palma aceitera, en particular las plantaciones del grupo Ocho Sur, que operan con aparente impunidad pese a no contar con la licencia ambiental correspondiente.

Rechazamos fuertemente las afirmaciones falsas hechas sobre FPP y nuestros aliados peruanos por el periodista Lino Campos en sus programas diarios de Ribereña Pucallpa a partir del 18 de octubre de 2022, como parte de una “campaña” llamando a la destitución de la jueza Liz Ivonne Torres Díaz, titular del Juzgado Civil Permanente de Campoverde, por haber emitido una medida cautelar reconociendo como jefe de la comunidad al defensor Carlos Hoyos Soria, debido a irregularidades encontradas en el proceso de la elección de la junta directiva comunal en enero del 2022 donde supuestamente se elige a Wilson Barbaran como jefe de la comunidad. 

Esto sucede en un contexto donde una parte importante de la comunidad de Santa Clara de Uchunya considera que Wilson Barbaran no los representa y no están de acuerdo con su decisión de aliarse con la empresa de palma aceitera Ocho Sur, cuya plantación se instaló tras la deforestación masiva de los bosques tradicionales de la comunidad. También se oponen a las acciones jurídicas y comunicaciones formales que el Sr. Barbaran viene realizando junto con por lo menos tres abogados para frenar o retirar la comunidad de varios procesos legales para exigir el respeto por sus derechos y la protección de su territorio a raíz de denuncias que vienen haciendo varios comuneros desde por lo menos 2015. La fuente de los fondos para pagar a estos abogados es desconocida y genera interrogantes, pero comuneros y comuneras confirman que no es con fondos propios de la comunidad. Al mismo tiempo, la abogada y defensora de derechos humanos Linda Vigo viene enfrentando serios intentos de criminalización de parte del Departamento de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (DIVILA DPC.D2) de la Policía Nacional del Perú y del grupo Ocho Sur por su trabajo de defensa legal de la comunidad y también hay acciones de intimidación y amenazas a Carlos Hoyos.

Rechazamos que periodistas en vez de cumplir con su obligación de objetividad e imparcialidad periodística, alimenten un entorno hostil para comuneros de Santa Clara de Uchunya, la abogada de derechos humanos Linda Vigo y organizaciones de derechos humanos, y se pretenda debilitar la independencia de la justicia en la región de Ucayali. Tanto Ribereña Pucallpa, como Gaceta Ucayalina, otro medio que ha participado en esta campaña, llevan publicidad presuntamente pagada por Ocho Sur.

Lamentamos que estos medios ucayalinos no hayan rescatado la voz de las y los propios comuneros y las organizaciones indígenas – a nivel local, regional y nacional – quienes han advertido repetidas veces sobre “los actos de manipulación y mala fe de la empresa Ocho Sur P SAC que buscan generar división al interior de la comunidad Santa Clara de Uchunya, atentando en contra de la estructura orgánica y buenas relaciones entre sus organizaciones indígenas...".[i] Tampoco han informado al público ucayalino sobre el hecho de que uno de los compradores internacionales de Ocho Sur - Bunge Loders Croklaan, de los Países Bajos – ya bloqueó la empresa de su cadena de suministro de palma aceitera a raíz de estas denuncias legítimas, o que otro comprador internacional como Louis Dreyfus Company, está revisando las denuncias hechas contra la empresa por violación de derechos humanos.

Desde FPP venimos apoyando al movimiento indígena de Ucayali en sus luchas por la protección y la seguridad jurídica de sus tierras tradicionales y medios de vida desde finales de la década de 1990. También hemos monitoreado y documentado las causas que impulsan el despojo de esas tierras, la deforestación y el aumento de los ataques y la violencia contra los defensores de los derechos humanos a lo largo de esos años. Recordamos que, en su visita a dicha región en 2020, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, alertó sobre “un contexto marcado por la corrupción, el tráfico de tierras y las amenazas contra las aldeas locales.” Las narrativas de esta campaña de desprestigio son típicas de las principales narrativas de las campañas de desprestigio contra las y los defensores de la tierra en América Latina. Consideramos que forman parte de una estrategia que tiene como fin silenciar o socavar la credibilidad de las personas defensoras de los derechos humanos, reprimir la protesta social legítima, e intimidar, dividir y controlar a las comunidades indígenas y romper sus vínculos con las organizaciones indígenas, que históricamente han estado en primera línea en la defensa de sus derechos y territorios colectivos, así como la comunidad internacional, de la que formamos parte. 

Desde FPP reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos de los bosques que luchan por el respeto de sus derechos fundamentales, como el control y protección de sus tierras tradicionales y el ejercicio de su autodeterminación, en especial Santa Clara de Uchunya que busca recuperar su territorio despojado hace años por el grupo Ocho Sur, tal como ratifican su posición en un acta del 24-25 de octubre de este año.  

 

Publicamos un anexo con las alegaciones públicas y las respuestas de parte de FPP, disponible en nuestra página web.

[i] Ver Resolución del Consejo de Coordinación Ampliada de la Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU, firmada por 13 organizaciones indígenas de la Amazonia peruana el 16 de mayo de 2022: https://www.facebook.com/OrauOficial/posts/pfbid09CDWDHC7TjYvmLaGCBC7PuMSKUwaw8U1wbhXakAGkosPPLE1NBpMmeqNcP99V24El Ver también las dos cartas abiertas de AIDESEP de junio y julio de 2022: http://www.aidesep.org.pe/noticias/carta-abierta-aidesep-exige-acciones-urgentes-al-estado-peruano-los-compradores y http://aidesep.org.pe/noticias/carta-de-aidesep-la-opinion-publica-sobre-comunicacion-enviada-por-el-grupo-empresarial  Ver también el Acta de Acuerdo de comuneros y comuneras de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, del 25 de octubre de 2022: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/SCDU%20two%20pages.pdf