Propiedad de tierra, derechos humanos y certificación del aceite de palma en Montes de María, Colombia
FPP conversó con una persona líder comunitaria y defensora de los derechos humanos y ambientales del municipio El Carmen de Bolívar, en el Caribe colombiano. Su trabajo va dirigido a enfrentar la crisis social, ambiental y climática que viven Colombia y el mundo. Para proteger su seguridad y minimizar el riesgo de represalias, se ha mantenido en el anonimato la identidad de la persona defensora.
La situación de la propiedad de la tierra en Montes de María
La situación de la tierra aquí en Montes de María es bastante lamentable. Según un estudio de la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de 2020, las comunidades campesinas de Montes de María han sido despojadas del 63% de la tierra que se les había otorgado durante la reforma agraria en la segunda mitad del siglo XX.
Otro estudio muestra que "la disputa por la tierra en Montes de María se refleja en las cifras oficiales de violencia en la zona, donde hubo 56 masacres entre 1997 y 2004, 220 civiles asesinados (80% de ellos víctimas de grupos paramilitares), 200,000 casos de desplazamiento forzado y 80,000 hectáreas de tierra despojadas entre 1997 y 2007".
Este fenómeno de violencia, de acuerdo con el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, estaba estrechamente ligado con intereses sobre la tierra: “el despojo era más estratégico que un simple negocio de señores de la guerra y oportunistas. Detrás estaban proyectos económicos de gran envergadura… como la palma y la madera en los Montes de María”.
A partir de esto, nosotros, las comunidades campesinas y afrodescendientes de Montes de María, generamos la hipótesis de que la violencia pudo haber sido premeditada con el fin de acaparar tierras. Cuando nos despojaron de la tierra, un lote de aproximadamente 20 hectáreas no costaba más de un millón de pesos (aproximadamente 250 dólares americanos), y así era como las grandes empresas compraban las tierras.
El desplazamiento, la violencia y las compras masivas de tierra estaban correlacionadas. Lo que vimos fue que, en medio de la violencia, las grandes compras de tierras comenzaron a realizarse por grandes terratenientes y grandes empresas.
Esto afectó gravemente la actividad económica y la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Montes de María y, por lo tanto, sus medios de vida y subsistencia. La tierra ha perdido su uso tradicional desde la llegada de la palma aceitera. Hoy, el costo de vida es altísimo y prácticamente no hay espacio para cultivar nuestros propios alimentos, como solíamos hacer antes, ya que nuestras tierras están ahora plantadas predominantemente con palma de aceite, maderas y piña.
Si miramos la cantidad de bosque seco tropical en Montes de María antes del despojo, sería muy diferente a la cantidad que hay hoy en día. La deforestación que se llevó a cabo para dar paso a las plantaciones de monocultivos no solo generó desplazamiento de familias campesinas, sino también de flora y fauna, y escasez de vida silvestre.
Desde la llegada de los monocultivos en los años 1990-2000 y adelante, hemos visto un inmenso impacto en los bosques secos tropicales de la zona.
10% de los cultivos de palma en la región han sido desarrollados sobre áreas que tenían coberturas boscosas en 1990. 89% de las áreas que fueron deforestadas para dar paso a cultivos de palma fueron deforestadas en el periodo 2001-2013, el mismo periodo de mayor violencia paramilitar, despojo de tierras y de expansión de los monocultivos.
La deforestación no ha ocurrido en la misma magnitud a través de los periodos analizados. El periodo en el cual se presentó mayor deforestación fue entre 2001 y 2005, cuando se perdieron 10,327 ha de bosque, un 30% de las coberturas de bosques de 1990 en tal sólo 5 años.
Los empresarios ya no solo son terratenientes, ahora también son acuatenientes
Los actuales propietarios no solo se llevaron nuestra tierra, sino también nuestra agua. Hoy en día, el agua está siendo administrada por los grandes empresarios y agroindustriales, y las instituciones estatales encargadas de supervisarlo ignoran nuestras demandas.
Tradicionalmente, las represas de agua en el Distrito de Riego de María la Baja fueron construidas -en el marco de la reforma agraria - para la producción de arroz de pequeños agricultores y para el uso comunitario en general. En el momento de las compras masivas de tierras, los lotes más buscados eran los que tenían agua. Hoy en día, esas represas están en las manos de las grandes empresas y terratenientes, dejando a las comunidades sin acceso fácil al agua dulce.
La violación de nuestro derecho fundamental al agua también tiene que ver con la gestión del agua en nuestros territorios. El Distrito de Riego de María la Baja, administrado por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala de Maríalabaja (Usomarialabaja), está siendo efectivamente administrado por los cultivadores de palma de aceite.
Desde la expansión del monocultivo de palma, la mayor cantidad de usuarios del Distrito de Riego -entre el 82% y el 95% del área sembrada son palmeros. Ese mismo porcentaje se refleja en representación en la Junta Directiva de Usomarialabaja, lo que ha implicado que los empresarios palmeros sean quienes tomen las decisiones sobre la administración del agua del Distrito. Como afirman diferentes estudios, entre ellos el informe del Instituto Javeriano del Agua y Dejusticia, las comunidades no tienen participación efectiva en la administración o decisiones sobre el Distrito.
De acuerdo con información que hemos podido obtener, entre 2019 y 2021, el presidente de la Junta Directiva de Usomarialabaja era Carlos José Murgas Dávila, vicepresidente actual del grupo empresarial Oleoflores e hijo del fundador de esta empresa palmicultora. La familia Murgas ha estado en la Junta directiva de Usomarialabaja desde 2006 cuando Carlos Murgas Guerrero, fundador del Grupo Oleoflores y padre de Carlos José, fue nombrado el representante legal y presidente de la Junta Directiva de Usomarialabaja. Desde 2021 para acá no hemos podido obtener información pública sobre quiénes están en la presidencia.
En Montes de María, los cuerpos de agua están prácticamente siendo privatizados; hoy la gestión del agua está en las manos de los grandes empresarios, y las instituciones estatales competentes que deberían regular esto no actúan de buena fe.
En la defensa de nuestro derecho fundamental al agua, hemos denunciado a las empresas que violan nuestros derechos, lo que ha llevado a amenazas significativas, estigmatización y procesos judiciales en contra de miembros de nuestra comunidad. Hemos sido acusados falsamente de delitos como retención de funcionarios, daños a la propiedad y al medio ambiente para desalentarnos de defender nuestros derechos; nunca hubo pruebas que respaldaran estas falsas acusaciones.
Otro problema es la limitación de nuestro acceso al agua fresca. Solíamos tener caminos para llegar a nuestros pozos tradicionales, los pozos tenían una vegetación diversa a su alrededor que conservaba el agua.
Con la llegada del monocultivo de palma aceitera, esos pozos se secaron, las palmas cerraron los caminos y limitaron nuestro acceso al agua para el consumo diario.
La Defensoría del Pueblo ha documentado “testimonios de campesinos que se han negado a vender sus predios a empresas agroindustriales […] Los cultivos de palma han ido produciendo un cerco de estos predios, que consiste en la clausura de caminos de servidumbre y denegación de acceso al agua y playones, entre otros mecanismos que presionan la venta afectando libertades fundamentales”.
Certificación y la RSPO
Los procesos de certificación, como los de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), no han cambiado nada hasta la fecha. Por escrito, las empresas de palma de aceite adoptan políticas de derechos humanos, pero en realidad nos persiguen por exigirles que cumplan con sus compromisos de defender los derechos de la comunidad y garantizar una producción sostenible.
Nosotros insistimos en que empresas como OleoFlores cumplan los criterios de la RSPO. No solo en el papel, sino también en la realidad.
Cuando cuestionamos a las empresas, encontramos que la estigmatización, amenazas y ataques físicos y judiciales que enfrentamos empeoran. Por ejemplo, cuando denunciamos en 2019 que el agua escasa que las comunidades necesitábamos para satisfacer las necesidades básicas se estaba dedicando al riego de la palma, las amenazas y la intimidación que sufrimos en nuestro territorio se intensificaron, y casi al mismo tiempo, la Junta Directiva de Usomarialabaja decidió presentar una demanda judicial contra nosotros ante la fiscalía.
Si el objetivo final de estos esquemas de certificación es la producción de aceite de palma sostenible, es completamente contradictorio que los esquemas certifiquen a las empresas de palma de aceite que repriman a nuestros líderes comunitarios por defender su tierra, medios de vida y el ambiente.
No podemos hablar de productos sostenibles cuando los líderes del territorio son estigmatizados y perseguidos. [...] Y realmente no entiendo por qué hablan de productos verdes, cuando en realidad son productos teñidos de sangre.
La certificación de la palma aceitera también exige la identificación de las zonas de Alto Valor de Conservación (AVC). Por ejemplo, la fundación Fundemaria del Grupo empresarial Oleoflores y USAID elaboraron un estudio en 2020 que no tuvo en cuenta las zonas que contienen un alto valor de conservación para las comunidades. Ese estudio de detección no tuvo en cuenta adecuadamente los aspectos culturales, sociales y ambientales de nuestros territorios, no fue riguroso en recoger las voces de las comunidades y se hizo sin nuestro consentimiento libre, previo e informado. Por eso pusimos una queja contra ese estudio ante la Red de Altos Valores de Conservación (HCVN por sus siglas en inglés).
Aunque certificaciones como la RSPO implican obligaciones de trasparencia, las empresas no cumplen efectivamente. No hay información disponible sobre los proveedores de cada molino, por lo que no se puede saber si el aceite certificado que consumen en Inglaterra u otros países consumidores se siembra en tierras despojadas o con otro conflicto. Por eso, en Montes de María, nuestros líderes comunitarios se han opuesto a esta certificación, hasta que no se cumpla realmente con lo que exige la RSPO y normas legales vigentes nacionales e internacionales.
Lo que se necesita
El despojo y acaparamiento de tierras y el cambio de uso del suelo para plantaciones de monocultivos ha causado y sigue causando daños no solo a las comunidades campesinas y afrodescendientes en Colombia, sino también a otras comunidades en todo el mundo.
Algunos de nosotros tenemos miedo de quejarnos por temor a represalias, así que nadie sabe la magnitud del problema.
Las cosas tienen que cambiar. Necesitamos leyes y regulaciones obligatorias que exijan a las empresas agroindustriales respetar los derechos humanos. También es necesario mejorar la aplicación de estas normas. A veces existen buenas leyes y buenas reglas, como el enfoque de Alto Valor de Conservación (HCV), o incluso muchas leyes colombianas, pero simplemente se ignoran. Los gobiernos, incluidos los de los países cuyos ciudadanos compran estos productos manchados de sangre, deben hacer cumplir las regulaciones que exigen el respeto de los derechos humanos. No es suficiente adoptar las leyes si se van a quedar en el papel.
Lo mismo aplica para la certificación. Organismos como la RSPO, que dicen promover el aceite de palma sostenible, deben tomar medidas más fuertes para asegurar que sus miembros cumplan con las normas de la RSPO.
Lo que estamos pidiendo es garantizar la no violación de derechos humanos a través de estos monocultivos de palma aceitera y generar normas que obliguen a las empresas a cumplir con el respeto de derechos humanos. Esto es lo que realmente estamos pidiendo.
Sobre el autor del blog
La persona autora es activista y promotora de la paz en los 15 municipios que conforman la región de Montes de María. Lidera procesos de recuperación y defensa del territorio frente a la deforestación y el desplazamiento forzado causado por monocultivos como la palma de aceite, la madera y la piña.
Más información
- El Caribe colombiano contiene el 55% de todo el bosque seco tropical del país. Varios estudios han demostrado que estos bosques caribeños son indispensables para la alimentación, medicinas, fibras, madera y otros productos para las comunidades rurales; además, son fundamentales para la regulación hidro-climatológica y la conservación del ecosistema que sostiene los procesos ecológicos.
- En una subregión de Montes de María, un análisis de imágenes satelitales muestra que entre 1990 y 2019, los bosques secos tropicales disminuyeron de 33,568 ha a 11,040 ha, lo que representa una reducción del 67%. Para diciembre de 2019, se identificaron 11,337 ha cubiertas con palma de aceite en la región, el 10% de las cuales estaban en áreas que tenían cobertura forestal en 1990. El 89% (975 ha) de las áreas que fueron deforestadas para dar paso a cultivos de palma fueron deforestadas entre 2001 y 2013, durante la llegada y expansión de la industria de palma de aceite en la zona, y en los períodos de mayor despojo y abandono forzado de tierras debido a la violencia paramilitar.
- Solo en el municipio de María La Baja, donde se encuentra el molino de palma de aceite del mismo nombre, según datos oficiales del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, 21,785 hectáreas (alrededor del 40%) de las 54,700 ha de todo el municipio fueron abandonadas de forma forzada. Después de este proceso de despojo forzado, siguió un proceso de compra masiva de tierras a precios irrisorios. Gran parte de ellas ahora están plantadas con palma, teca o piña.
- Muchas empresas han sido condenadas por despojo de tierras, como Argos S.A., que ha sido condenada en 12 sentencias. Los magistrados ordenaron la restitución de 1,023 hectáreas a familias campesinas de Montes de María.
- En Colombia, dada la magnitud del fenómeno de despojo de tierras en el contexto del conflicto armado, se creó un tribunal de restitución en el cual se han avanzado algunas de las reclamaciones de familias campesinas expulsadas por la violencia.
- Un problema grave en Colombia es la falta de información catastral que indique quién es el propietario de la tierra y qué uso se le está dando. Se está estableciendo un nuevo catastro multipropósito en cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016. Si las investigaciones encuentran a familias campesinas en la tierra que podrían ser beneficiarias de la reforma agraria, el siguiente paso sería entregarles los títulos, para formalizar esta tenencia de la tierra.
- En 2014, las Autoridades Ambientales declararon como Áreas de Importancia Estratégica (AIE) las cuencas de dos embalses del Distrito de Riego, ya que son la fuente de agua para el consumo de los habitantes de la cabecera municipal y de varias veredas de María La Baja.
Overview
- Resource Type:
- News
- Publication date:
- 5 September 2025
- Region:
- Colombia
- Programmes:
- Supply Chains and Trade Law and Policy Reform
