Protestas indígenas pacíficas en el Amazonas son reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado pero consiguen asegurar derogaciones y el diálogo

A principios de abril más de 30 000 personas de pueblos indígenas de la Amazonia peruana comenzaron protestas pacíficas para pedir la derogación de unos decretos legislativos nacionales recientemente adoptados que abrirían un 70% de la selva amazónica a la explotación de empresas multinacionales. Dichos decretos no reconocían los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que han ocupado tradicionalmente. Como resultado de las protestas, dos de los decretos más flagrantes ya han sido derogados y por fin se está preparando un marco para el diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas. 

Hace aproximadamente tres meses más de 30 000 personas de pueblos indígenas de la Amazonia peruana comenzaron protestas pacíficas y bloqueos de carreteras, ríos y ferrocarriles para pedir la derogación de una serie de decretos legislativos nacionales adoptados recientemente y que abrirían más de un 70% de la selva amazónica a la explotación de empresas multinacionales. Dichos decretos no reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos tradicionales, necesarios para su supervivencia física y cultural. La administración de García justifica los decretos como necesarios para garantizar y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos.

La situación se volvió tensa cuando Perú respondió declarando el estado de emergencia y enviando a las fuerzas armadas y la policía nacional a la zona.

El 5 de junio la policía militar peruana atacó a protestantes indígenas en Bagua, una zona remota del norte de la Amazonia peruana. El uso de helicópteros estatales, gas lacrimógeno y armas de fuego tuvo como consecuencia numerosas víctimas mortales, heridos y desaparecidos. Se denegó asistencia médica a manifestantes indígenas que la necesitaban. El líder de AIDESEP (la organización indígena nacional de la Amazonia), Alberto Pizango, y otras personas siguen retenidas bajo los cargos de sedición y rebelión por organizar las protestas y los bloqueos.

Finalmente, el Congreso derogó dos de los decretos más notorios. Aún quedan por lo menos siete. Se está desarrollando un marco de diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas. Tanto los actuales como los anteriores ponentes especiales de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas que visitaron la zona expresaron una gran preocupación, solicitaron una investigación exhaustiva de los hechos y recomendaron un diálogo nacional.