Pueblos indígenas y afrodescendientes de Perú y Colombia participaron en VIII Foro regional de empresas y derechos humanos

Escucha más de Daniela en este entrevista por la Comisión de Derechos Humanos de Ica, tomando durante el Foro

Y como hace 531 años, los pueblos siguen resistiendo a la historia que pretende ser escrita por algunos. El Caucus Indígena y el Foro Regional, no solo fueron un espacio para exigir el pleno respeto de sus derechos fundamentales ya contemplados por innumerables marcos jurídicos, sino como un hilvanado de un entretejido social más fuerte para fortalecer luchas por mundos otros más justos.   

Desde Perú, acudieron Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), Inocente Sangama, presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), Samuel Pinedo, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) y Nelsith Sangama, de la directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 

Siendo un fenómeno que pisa fuerte en la región de América Latina y el Caribe, y sumando a la fuerte crítica global al mercado de créditos de carbono donde proyectos han inflado los supuestos beneficios, los líderes y lideresas llevaron el caso de la región San Martín donde el pueblo kichwa enfrenta un modelo de áreas naturales protegidas creadas sin consentimiento previo, libre e informado sobre sus bosques, como el caso de Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), y un Proyecto REDD+ funcionando sobre este andamiaje estructural de despojo. 

 

“A los pueblos indígenas nos han desterrado de nuestro territorio,” dijo Marisol García Apagüeño, Presidente de FEPIKECHA, al Foro. “No somos parte de la gestión, tampoco de la administración de cómo se distribuye estos millonarios de bonos de carbono. Nosotros hemos tenido que acudir al Tribunal de Transparencia para ver quiénes son estas empresas, quiénes están lavando su imagen en nuestro territorio.” 

 

La delegación cuestionó cómo las empresas contaminantes vienen perpetuando la crisis climática y violando los derechos de los pueblos indígenas en los mercados nacionales e internacionales de créditos de carbono desregulados, especialmente, cuando empresas transnacionales contaminantes del sector extractivo, de bienes de consumo, aerolíneas y otras, pretenden compensar sus emisiones con promesas climáticas que priorizan lavar sus imágenes empresariales. Y con compras-ventas de estos créditos a espaldas de los pueblos indígenas, de manera unilateral y engañosa hacia sus comunidades, cuyos territorios entran a una dinámica mercantil dirigida por terceros, mientras los Estados no cumplen con su deber de asegurar jurídicamente los mismos.       

 

“Los bancos privados están mercantilizando a los bosques, no lo vamos a permitir. Esto es un trabajo colectivo que venimos haciendo hace 500 años atrás”, dijo Nelsith Sangama, dirigente de AIDESEP durante la sesión “Transición justa: cómo proteger el medio ambiente sin vulnerar los derechos humanos.” 

 

La delegación cuestionó que incluso hay empresas chilenas, como un supermercado del grupo Falabella o, EcoAZA como parte del grupo AZA del mercado del acero, quienes han invertido miles de dólares en la compra de créditos de carbono de un Proyecto que viola los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Así mismo, el Caucus Indígena como antesala al Foro Regional, exhortó en ese sentido a los Estados a que “las áreas que afectan territorios indígenas deben ser devueltas a los pueblos indígenas, al mismo tiempo no declarar más áreas protegidas en los territorios indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”, y que se deben “desarrollar mecanismos de salvaguardas sociales urgentes, en consulta con los pueblos indígenas, para las acciones de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+) y realizar la fiscalización de los mercados de créditos de carbono de manera diligente”. 

 

Desde Colombia, asistió Daniela Carabalí del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (PCN) y la RED RAICES DIVERSAS (Red de incidencia política feminista). Teniendo en cuenta que Chile es el segundo país al que más se exportaron productos derivados de la caña de azúcar colombiana (21%) en 2022, Daniela denunció violaciones de los derechos de los pueblos negros causadas por las plantaciones de caña de azúcar que cubren el valle del Cauca en Colombia, denominadas por las comunidades afectadas como el “Monstruo Verde”.  

Estas violaciones incluyen el despojo de tierras y aguas de los pueblos negros, la contaminación de aire y aguas, la negación del derecho al consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, y la estigmatización de la protesta, entre otras. 

 

“Las empresas nos siguen atropellando y vulnerando nuestros derechos humanos, ambientales y territoriales en toda su expresión,” dijo Daniela. “Y las normas y leyes que establecen los gobiernos se quedan solo plasmadas el papel, porque las entidades encargadas de regularlas se vuelven inoperativas.” 

 

Daniela recordó cómo estas y otras afectaciones los pueblos negros del norte del Cauca han venido solicitando la reparación histórica, haciendo un llamado para que las empresas de la cadena de valor de la industria azucarera colombiana -incluyendo las chilenas- adopten medidas para frenar la violación de DDHH y remediar los daños causados. 

Daniela también hizo un llamado de atención a los organizadores del Foro por la muy escasa participación de personas afrodescendientes, recordándoles que también en los territorios negros, raizales, palenqueros y quilombolos de la América Latina, las empresas desarrollan sus actividades muchas veces violando los derechos humanos de estas comunidades, invisibilizadas en diversos espacios, incluido el Foro.  

Puede ver las declaraciones de apertura y clausura del Caucus Indígena aquí y aquí. 

Puede ver declaraciones de delegación peruana aquí  

Puede ver declaraciones de la delegación colombiana aquí 

Algunas reflexiones colectivas desde los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre los temas más comentados en el Foro. 

No hay transición justa sin participación justa 

• La transición energética que exigen los países del norte global implica el sacrificio de los países del sur. El despojo y usurpación de bosques y territorios son y serán consecuencias que tendrán que afrontar los pueblos indígenas en el camino hacia energías renovables. 

• Los agrocombustibles ya demostraron que al cambiar la matriz energética no cambian automáticamente la manera de hacer negocios: los negocios verdes también violan los DDHH. La transición no puede continuar con modelos de racismo ambiental, despojo territorial y violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.   

• La transición no puede ni debe estar subordinada al mantra capitalista de ganancias sin límites de empresas con complicidades de Estados, el modelo de rapiña causante de la crisis eco social del hoy. 

• Enfoque de derechos humanos real. Aunque no hay nada nuevo: Los Estados y las empresas ya tienen normas que deben respetar, como el Convenio 169 de la OIT. 

• Incluir en el centro de la transición energética, la espiritualidad y el buen vivir, exigiendo el cumplimiento de derechos ya consagrados a nivel nacional e internacional a los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

• Valorar la sabiduría local, y que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, ya se hacían hace siglos desde los pueblos indígenas.  

• No hay transición justa sin derechos territoriales asegurados, como el saneamiento territorial por los Estados.  

Cero tolerancia con la impunidad por violaciones de DDHH asociadas con la actividad empresarial 

• Las políticas públicas y empresariales deben evitar la impunidad, garantizar la reparación integral e histórica, las garantías de no repetición y, derecho al territorio ancestral. Las violaciones del pasado y del presente asociadas con actividades empresariales no pueden quedar impunes. 

• Los debates sobre la Debida Diligencia no pueden ser una estrategia disuasoria más de las empresas para dejar de asumir responsabilidades históricas. Hoy ya se tienen marcos regulatorios de obligatorio cumplimiento como el Convenio 169 de la OIT, que exige el respeto a territorios indígenas, sus usos y posesiones ancestrales, así como el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado; pero que se violentan a pesar de la existencia de la norma  

• Los estados deben hacer un diagnóstico urgente sobre qué hay en el ordenamiento jurídico de cada país que ya viene cubriendo el respeto de los derechos humanos, qué no se cumple y por qué, y cuáles son los vacíos a cubrir con nuevas leyes de Debida Diligencia. No servirán nuevas leyes si tienen los mismos problemas que las ya existentes para aplicarse y garantizar los derechos.  

• Si bien ningún despojo y daño territorial a la vida repondrá lo perdido y el dolor insondable generado, la Debida Diligencia debe contemplar la reparación a los pueblos como un derecho fundamental. 

• El abordaje de protección que dan los Estados a los territorios y a las personas defensoras de DDHH debe de dejar de ser individual. Las luchas son colectivas.   

• Se hace un llamado para que los países suscriban/ratifiquen e implementen el Acuerdo de Escazú, siendo la región de América latina la más peligrosa en el mundo para los defensores indígenas. 

• En caso se avance un marco de Debida Diligencia obligatoria, tiene el desafío complejo de insertarse en los reglamentos jurídicos nacionales y ser coherente con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.   

• La Debida Diligencia no puede limitarse a obligaciones de medio, sin que existan obligaciones de resultado para las empresas. No puede ser una mera operación comercial para seguir con mercados que violan derechos.  

• Respetar los procesos de Debida Diligencia exigidos y construidos de abajo hacia arriba. Siendo asumidos con humildad por los Estados y las Empresas.