Relatora de Naciones Unidas alerta al Gobierno peruano de amenazas contra líderes indígenas en Amazonía peruana

Relatora sobre defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas alerta sobre amenazas y campaña de desprestigio contra líderes del pueblo Shipibo-Konibo por conflicto territorial causado por palma aceitera y pide información al Estado peruano.

En un comunicado al Estado peruano publicado la semana pasada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la mandataria Mary Lawlor expresó su profunda preocupación por presuntas amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Santa Clara de Uchunya en la Amazonía peruana y pidió información detallada del Estado peruano sobre su tratamiento del caso. 

Con fecha del 16 de diciembre de 2022, la carta de la Relatora repasa antecedentes claves del caso de esa comunidad, recordando como el tráfico de tierras y la llegada de la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa SAC - cuya plantación es operada desde 2016 por Ocho Sur P SAC - llevó no solo a la deforestación masiva de su territorio, sino también desembocó en una ola de “amenazas y atentados repetidamente desde al menos 2014.” 

Luego el comunicado se centra en las amenazas que se produjeron contra defensores de la comunidad durante noviembre de 2022, incluidos los comuneros Carlos Hoyos Soria y Efer Silvano Soria. Recuerda asimismo la campaña de desprestigio dirigida contra ellos y la abogada de derechos humanos, Linda Vigo, con la participación de medios de comunicación regionales. Además rescata los intentos de criminalizar a Vigo de parte de la Policía Nacional del Perú y el Grupo Ocho Sur, un hecho que fue ampliamente denunciado por organizaciones indígenas y de derechos humanos en noviembre de 2022. 

Cabe recordar que también el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, en su Declaración de Fin de Misión al Perú a inicios del 2020, expresó su preocupación por la comunidad Santa Clara de Uchunya al considerarla un caso emblemático, la cual ha tenido que acudir a la defensa de sus derechos por la vía administrativa y legal para intentar salvaguardar sus territorios ancestrales y su reconocimiento. Posteriormente, en 2021, a esto se han sumado llamados de parte de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) de la ONU, pidiendo al Estado peruano que proteja a los miembros de la comunidad de la intimidación, la violencia y el acoso de los traficantes de tierras.

El comunicado cierra con los siguientes pedidos de información al Estado peruano:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con la información descrita anteriormente.

2. Sírvase informar sobre cualquier investigación llevada a cabo respecto a las presuntas amenazas contra los Sres. Hoyos Soria y Silvano Soria, así que sobre el presunto atentado contra el familiar del Sr. Hoyos Soria.

3. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio del Interior para implementar medidas de protección a favor de las personas defensoras mencionadas? ¿Se ha desarrollado un protocolo interno de protección de personas defensoras?

4. ¿Qué medidas han tomado el Ministerio de Agricultura y las autoridades locales para demarcar y titular las tierras tradicionales de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. Si existen barreras en dicha demarcación y titulación, agradeceríamos recibir información al respecto.

El comunicado permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno peruano respondiera. Sin embargo, el Gobierno no respondió dentro de este plazo.

Carlos Hoyos Soria dijo,

“Nos encontramos muy contentos y satisfechos porque realmente hay alguien que se preocupa por la situación y por el problema de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya. La Relatora ha podido sacar un pronunciamiento favorable a la comunidad sabiendo muy bien que es un problema emblemático y que hasta ahora nosotros seguimos luchando y sufriendo por las amenazas tremendas que vienen haciendo, al arrasar y acaparar territorio por parte de esta empresa de palma aceitera.”

Sobre la situación actual en el territorio ancestral de la comunidad, Hoyos Soria explicó, “Hasta ahora siguen latentes las amenazas, porque colonos han invadido 500 hectáreas más dentro del territorio de la comunidad - un territorio que ya cuenta con título de propiedad inscrito en los registros públicos desde 2022. Sin embargo, la invasión hacia el territorio de la comunidad continúa, hasta ahora no ha cejado. Tratan de amedrentar y amenazar a quienes tratamos de enfrentar este problema tan grave, porque realmente nos encontramos enfrentados con un monstruo económico. Pero confiamos en las leyes y la justicia peruana, para que haga algo para la comunidad, porque si nosostros seguimos dejando que esta empresa haga lo suyo, lastimosamente de aquí a unos tres, cuatro o cinco años más, nuestra Amazonía ya no va a existir.”

“Agradecemos mucho el trabajo arduo que está haciendo la Relatora, pidiendo al Estado peruano que informe, pues lamentablemente el Estado nunca ha dado una respuesta objetiva a favor de la comunidad", añadió. 

Refiriéndose a la intensidad de la campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo en los últimos meses, la abogada de derechos humanos Linda Vigo dijo,

“No está demás mencionar que la Jueza Liz Ivonne Torres Díaz también fue vilmente acosada y desprestigiada no solo por la prensa sino que también en las redes sociales. Hasta plantones se hicieron en su contra, con personas pagadas y hasta presionaron al Presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali y de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, ya que públicamente decían que tenía un acuerdo con las ONGs por haber expedido una medida cautelar a favor de Carlos Hoyos Soria, jefe legítimo de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, persona que viene luchando por el respeto de sus territorios ancestrales, la conservación de sus bosques contra Ocho Sur P SAC. Esto hace visibilizar el enorme interés que tiene esta empresa para desprestigiar no sólo a defensores de derechos humanos sino contra todo aquel que esté en contra de sus intereses, incluyendo jueces justos que actúan con imparcialidad.”

Más información

Enlace a pdf del comunicado

Resumen del comunicado en página oficial de la Relatora: https://srdefenders.org/peru-presuntas-amenazas-y-actos-de-hostigamiento-contra-defensores-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-la-amazonia-peruana/ 

Tuit de la Relatora sobre el caso.

Web donde toda respuesta recibida del Gobierno del Perú se hará pública a través de informes de comunicaciones.