San Martín: la historia completa de amenazas de empresa maderera contra la comunidad nativa Puerto Franco

26 de julio de 2024. La historia completa de las amenazas que sufrieron miembros de la comunidad kichwa de Puerto Franco, en la región San Martín, comienza desde mucho antes del 16 de julio. Ese día, se reportó una situación de riesgo contra comuneros a causa de la presencia de 27 personas trabajando para la empresa maderera y que se encontraban armadas en el sector Tornillal – Remanso del territorio de la comunidad, a orillas del río Biavo.

Un hecho que generó alarma y dio cuenta de la violencia a la que están expuestos pueblos indígenas de la selva peruana por defender sus territorios, pero que también es solo el hito más reciente de un largo historial de amedrentamientos contra miembros de Puerto Franco.

Detrás de las amenazas suele aparecer el nombre de personas vinculadas con la empresa Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C., referida por invasores que llegan al territorio de la comunidad para extraer madera ilícitamente. De acuerdo a testimonios de los comuneros, estas personas se han identificado como representantes de dicha empresa y han mencionado a Marco Pérez Rengifo, gerente general de la misma.

El origen de esta situación es una concesión forestal otorgada en Bosques de Producción Permanente a cargo de la empresa, en la que se vienen realizando actividades de extracción de madera dentro del territorio de la comunidad kichwa de Puerto Franco al que se superpone, y que pone en riesgo la subsistencia y la seguridad de los miembros de la comunidad, además de destruir bosques y recursos naturales de los que comuneros son propietarios.

Violaciones de derechos estructurales como génesis de violencia

La concesión forestal con fines maderables se otorgó, sin consulta previa a comuneros, sobre el territorio de la comunidad nativa kichwa Puerto Franco. Frente a ello, se interpuso una demanda de amparo contra varias instituciones estatales, que a la fecha se encuentra en trámite.

En la demanda, se exige al Estado el reconocimiento, la titulación y la demarcación del territorio de la comunidad superpuesto a la concesión otorgada a la empresa maderera, que también ha sido demandada, y al Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), que desde 2012 viene vendiendo créditos de carbono sin respetar los derechos de la comunidad, sin transparencia ni distribución de beneficios.

Aquellos hechos son conocidos por la referida empresa, que fue emplazada en el proceso y a la que se le informó sobre el área del territorio de la comunidad, donde vienen iniciando sus actividades.

 

“Al crear la concesión sin consulta ni consentimiento de la comunidad, se ha violado su derecho a la propiedad comunal, por lo que, de conformidad al artículo 31° de la Constitución, la misma es nula. También se ha violado derechos de la comunidad, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución, interpretada de conformidad al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así a los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT”, apunta la abogada Cristina Gavancho León.

 

 

“Asimismo, debemos recordar que la quinta disposición complementaria y final de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, en forma expresa señala que no se otorga títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas, en concordancia con los tratados internacionales en vigor”, añade la letrada.

 

Largo historial de amenazas

A fines de mayo de este año, en medio de un patrullaje territorial, comuneros reportaron la presencia de un campamento con seis personas que estaban preparando actividades de extracción de árboles maderables dentro del territorio de Puerto Franco. Ante ello, los comuneros, haciendo uso de su derecho a la autonomía y justicia indígena dentro de su jurisdicción ancestral, les intervinieron y les dijeron que debían retirarse del lugar.

Ya desde aquel entonces, en caseríos aledaños circulaba la información de que el concesionario Marcos Pérez ingresaría al territorio de la comunidad a sacar madera. Por eso, los comuneros organizaron patrullajes, a fin de proteger y vigilar sus territorios y los árboles centenarios que aún persisten en él.

En esa intervención, encontraron una retrocarga calibre 16, línea de internet mediante sistema Starlink, un generador y dos dispositivos de GPS. Además, una de las personas del campamento señaló que vinieron de Pucallpa a trabajar, luego haber sido buscados por los señores Wilber Cueva y Valerio Cueva, quienes serían inversionistas de Marcos Pérez.

De manera insólita, durante el patrullaje de marzo se vio a la embarcación del PNCAZ siendo usada por madereros, lo cual generó indignación en la comunidad.

 

“…Nosotros cuidando y luchando lo que nuestros abuelos han dejado. Nos dicen que no tenemos título. Mejor que un título valen nuestra presencia ancestral y posesiones ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos y padres. Yo pido: ¡Tala no! Que se anule esta concesión forestal antes de que pase alguna desgracia. Puerto Franco se inició desde 1940. Ellos dicen que supuestamente recién estamos creándonos. No nos estamos creando, nos están reconociendo sí el 2015, como comunidad. Ellos están en pañales“.

—Alpino Fasabi, exapu de Puerto Franco y miembro de la patrulla realizada a mediados de julio.

 

Los testimonios de miembros de Puerto Franco apuntan a que, tras ese suceso, personas han acudido de forma constante a la comunidad para buscar a las autoridades y hablar con pobladores. Sin embargo, en todo momento, los comuneros les respondieron que no permitirían la extracción de madera de su territorio, pues son los recursos naturales de su propiedad, que custodian y cuidan para las generaciones futuras.

Después de todo ello, recientemente llegó a la comunidad de Puerto Franco un Acta de Sesión Extraordinaria, de fecha 9 de junio de 2024, en la que se constata una reunión entre caseríos vecinos y opositores a actividades de vigilancia territorial de la comunidad. Allí, se da a conocer que Marcos Pérez Rengifo habló de un “atropello” ocasionado en el área del Plan Operativo de su concesión por parte de la comunidad, y que anunció la llegada de 40 personas armadas al campamento.

En la mencionada reunión, además, estuvieron presentes el Agente Municipal, Teniente Gobernador, Presidentes de Rondas Campesinas y Alcalde Delegado de Puerto Bermúdez, en compañía de autoridades de todas las cuencas uno y cuencas dos del Alto Biavo Cuzco. Estas autoridades, en lugar de hacer respetar la autonomía y la autodeterminación de la comunidad, alentaron las acciones de Pérez Rengifo e incluso se comprometieron a dar seguridad a los trabajos extractivos.

Tensión en aumento en Puerto Franco

El 22 de junio de 2024, el apu de la comunidad, Henry Fasabi Tuanama, informó durante una asamblea que, frecuentemente, personas se acercan al territorio comunal a preguntar por él, y que se identifican como representantes de la empresa Agrupación Maderera El Biavo S. A. C.

El apu detalló, asimismo, que tanto el señor Marco Pérez Rengifo como esas personas preguntan si es que hacen ronda, si es que viajan y cuándo van a salir del pueblo, a raíz de la intervención que se hizo a trabajadores encontrados para realizar trabajos de extracción de madera. Un panorama que, desde luego, incrementó los riesgos a la integridad de autoridades y comuneros de Puerto Franco. 

A inicios de julio, esta situación se puso en conocimiento de la Dirección de Políticas y Gestión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUSDH), con el propósito de que se active el Mecanismo para personas defensoras de derechos humanos. Así, se comunicó la alerta a la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de San Martín, al Jefe de la Región Policial de San Martín y a la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías.

De ese modo, la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de San Martín aperturó, el 9 de julio último, una investigación preliminar contra Marcos Pérez Rengifo y los que resulten responsables por el delito de coacción en agravio del apu de la comunidad.

Solo unos días más tarde, se dio el hecho de mayor peligro, reportado hasta hoy, contra la integridad de comuneros de Puerto Franco. Un patrullaje se había programado para los días 15 al 18 de julio en el sector Tornillal – Remanso del territorio de la comunidad. Un grupo de 11 miembros de la patrulla de Puerto Franco, acompañados con equipo GPS y teléfono satelital, se dirigieron allí y encontraron nuevamente, después de haberles pedido que se retiren en mayo, el campamento de la empresa Agrupación Maderera El Biavo S. A. C.

Luego de pedir a estos dos trabajadores que vayan a su campamento base y se busque al encargado para dialogar, la patrulla ingresó al campamento maderero en Remanso. En ese momento, integrantes de la comunidad Puerto Franco vieron cómo varios madereros fueron a buscar cartuchos y se dispersaron hacia sus mosquiteros, mientras uno de ellos colocaba un cartucho en su retrocarga, que sujetaba con la mano. En ese momento, la patrulla escuchó caer otro árbol, uno gigante, por el sonido que hizo, jalando seguro a otros amarrados en el dosel del bosque.

Era la 1:30 p. m. del 16 de julio. El escenario era sumamente riesgoso, con 27 personas armadas que se resistían a retirarse del lugar. Siguiendo el testimonio de comuneros, estas personas hicieron caso omiso de sus exigencias y señalaron que tenían todos los permisos correspondientes para seguir extrayendo madera a su antojo. 

Testimonios de comuneros, además, indican que los madereros desconocieron los derechos nacionales e internacionales que amparan a los pueblos indígenas en relación con sus territorios, aludiendo que era “cosa de abogados” y que, cualquier impasse o duda, si se está trabajando dentro o fuera del territorio ancestral de Puerto Franco, debía “arreglarse a ese nivel”.

Además, dijeron que la comunidad era de ‘recién’, aludiendo a la tardía resolución de reconocimiento de la Dirección de Agricultura y desconociendo las décadas de existencia, posesión, uso y conservación de esos bosques kichwas. En tanto, los miembros de la patrulla indicaron que la zona donde se encontraron los madereros forma parte del territorio ancestral, donde la comunidad tiene sitios tradicionales también en su ruta hacia Remanso como el campamento raquina, el wauwki mikuna, el lluychu lomo, kacha cuna, entre otros.  

En el acta de la intervención, se reporta que las personas presentes eran comandadas por Jhoel Jesús Ríos, quien mencionó que no se moverían del campamento y se comunicarían con los dueños de la concesión.

 

“…Cuando llegamos, hemos llegado tranquilos y allí un trabajador de ellos agarra cartucho y mete en la retrocarga. Ese tipo de personas creo que están en contra, que nos pueden matar. Al último, les dijimos que deben retirarse. ¡Dejen de tumbar! ¡Tantos años de caminar por ese bosque y venga alguien a hacer un desbosque allí! Todo el tiempo queríamos ver ese bosque intacto. ¡Pido directamente que se anule esa concesión! ¡Que se detenga esta tala en nuestro territorio!“.

—Wilder Isuiza, presidente de la ronda nativa.

 

El 17 de julio, en horas de la mañana, en comunicación con líderes de la comunidad, se informó que al menos 20 efectivos policiales de la Comisaría de Bellavista se encontraban en el territorio de la comunidad, en la zona urbana, en compañía del subprefecto distrital de Alto Biavo. Reunidos con la población, dieron a conocer que esperaban la llegada de la patrulla y el equipo técnico a la comunidad.

Si bien en esta ocasión los comuneros lograron mantenerse a salvo, reclaman que las autoridades intervengan para protegerlos, en medio de un escenario tenso y de severo riesgo para la comunidad de Puerto Franco.

Sumado a ello, algunos caseríos aledaños a la concesión ven el territorio y los bosques de Puerto Franco como un botín a ser repartido y emparrillado para predios rurales después de las operaciones de extracción maderable.

La historia de los Bosques de Producción Permanente y concesiones forestales en la Amazonía peruana les da la razón y justifica el miedo de Puerto Franco, de que sus bosques terminen siendo ocupados por otros, y así el Estado fallaría una vez más en sus compromisos climáticos y de protección de bosques. Así, queda un llamado urgente para acciones inmediatas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y a la Autoridad Regional Ambiental del GORESAM.

 

“Pedimos a los ministerios que tomen cartas en el asunto. ¡Que se anule esta concesión maderera dada al señor Marcos Pérez y la empresa Negocios Amazónicos que viene explotando ese bosque! No queremos que esto llegue a mayores. Nosotros vamos a declarar la lucha. Nos vamos a unir como pueblo para sacar a esa gente. Si la ley y el Estado le ha garantizado a esa concesión, nosotros tenemos todos nuestros amparos internacionales porque ese territorio nos corresponde “.

—Roberto Guerra, miembro de la patrulla realizada a mediados de julio.

 

Finalmente, es fundamental que el Poder Judicial suspenda los títulos que habilitan la concesión forestal a cargo de Agrupación Maderera El Biavo S. A. C., que solo ha significado un peligro latente para la comunidad kichwa y viene ocasionando una bomba de tiempo en medio de un escenario de violencia en el Alto Biavo, que puede explotar en cualquier momento.