Un plan de acción contra la deforestación para la UE: promoviendo y defendiendo la legalidad y el respeto de los derechos en las cadenas de suministro de productos básicos

Según una investigación publicada por la Comisión Europea el año pasado, la Unión Europea (UE) es el importador de “deforestación personificada” más grande del mundo, es decir de aquellos productos ligados a la deforestación ocasionada por el comercio y el consumo de bienes forestales tales como la soja, el aceite de palma, los biocombustibles, la carnes, el cuero y los biomateriales de los países tropicales.

Casi paralelamente a este informe de la Comisión Europea, el Forest Peoples Programme (FPP, Programa para los Pueblos de los Bosques) realizó un estudio de alcance mundial para identificar las opciones y posibilidades para reformar las cadenas de suministro de productos forestales a nivel mundial. El estudio se basó en trabajos realizados anteriormente en el sector de la palma de aceite en Indonesia y África, y en la incidencia llevada a cabo en foros clave como por ejemplo la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO). El estudio es el resultado de una revisión rigurosa de las iniciativas públicas y del sector privado, desde las políticas de obtención hasta las directrices de financiación, las asociaciones públicas y privadas, las mesas redondas, las normas voluntarias, así como entrevistas con diferentes ONG, socios comunitarios e indígenas, e instituciones de investigación.

El estudio identificó a la Unión Europea como un foro fundamental  para la introducción de estándares fuertes, efectivos y verificables en materia de la legalidad y el respeto de los derechos en las cadenas de suministro. Se presentaron además otras posibles opciones, entre las cuales se encuentran la incidencia en los sectores financiero y de inversionistas como por ejemplo el Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y su Grupo de Trabajo de Inversionistas sobre la Financiación del Aceite de Palma, el cual demuestra un grado de preocupación significativo sobre la implementación efectiva y la verificación de los estándares. Desde entonces el FPP ha trabajado con un grupo de ONG europeas como FERN, para informar y educar a los formuladores de políticas europeos clave, a la Comisión Europea y a los miembros del Parlamento Europeo (diputados, MEP por sus siglas en inglés) recientemente elegidos para que se comprometan a desarrollar y adoptar un plan de acción de la UE en materia de deforestación.

Una carta conjunta firmada por una docena de ONG entre las cuales se encuentran organizaciones de derechos humanos europeas, de derechos indígenas y de los pueblos de los bosques, y ambientales, fue enviada en septiembre 2014 a todos los comités de los miembros del Parlamento Europeo pertinentes, y cartas similares fueron enviadas a los comisionados luego de su nominación. La necesidad  de adoptar un plan de acción tal fue promovida anteriormente en el Quinto programa de acción europeo en materia de medio ambiente y la UE firmó además la declaración sobre bosques en la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2014, comprometiéndose a contribuir para que se detenga la deforestación a nivel mundial para 2030, y reducirla en un 50% para 2020. La investigación realizada por la Comisión (“Impact of the EU Consumption on deforestation” “El impacto del consumo de la UE sobre la deforestación”) informa que un área de por lo menos 9 millones de hectáreas de bosque se perdió durante el período entre 1990 y 2008. Resultados similares se hallaron en el informe del FPP “Salvando los bosques, garantizando los derechos” enviado  a miembros clave del Parlamento Europeo con el fin de reiterar el llamado a un plan de acción contra la deforestación basado en los derechos.

La Declaración de Palangka Raya sobre la deforestación y los derechos de los pueblos de los bosques insta a la UE a detener el comercio de los productos derivados de la deforestación y de las apropiaciones de tierras, y a aumentar su ayuda a los países con bosques tropicales para que implementen las medidas necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Adoptada en marzo de 2014, la declaración fue firmada por docenas de organizaciones indígenas y de los pueblos de los bosques, ONG e individuos entre otros.

La Declaración de Palangka Raya subraya además la necesidad urgente por parte de la UE de asegurar que las definiciones de legalidad y los sistemas de garantía de la legalidad para las cadenas de suministro de materias primas incorporan y cumplen con las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos que tienen los países. La aplicación de un número selecto de leyes injustas y no sostenibles minaría potencialmente de otra manera los objetivos legítimos ambientales y sociales del plan de acción de la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) de la UE.

La UE debe garantizar que la amplia gama de motores de la deforestación sea abordada a través de un plan de acción que asegure que sus políticas y programas actuales (como por ejemplo los Acuerdos Voluntarios de Asociación, AVA, de la FLEGT y el Reglamento de la madera de la UE) son efectivos e incorporan plenamente las normas y obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos relacionadas con la legalidad de la madera. En 2015 el FPP participará en “semana de la FLEGT” que se celebrará en Bruselas en marzo  y en consultas posteriores concernientes a la revisión del plan de acción de la FLEGT. Antes de estos eventos, el FPP convocará talleres sobre el tema de la “legalidad y la FLEGT” en Camerún y Guyana.