Wilmar deja sin resolver conflictos con las comunidades de Kalimantan Occidental y Sumatra Occidental

En diciembre de 2013, bajo la presión de sus clientes e inversores, el gigante del aceite de palma Wilmar se comprometió a desvincular toda su cadena de suministro de la deforestación, la creación de turberas y los abusos de los derechos humanos, incluyendo a sociedades conjuntas y proveedores indirectos.

El compromiso, que había de estar plenamente implementado para diciembre de 2015, fue bien recibido por los grupos que habían vigilado y criticado a Wilmar por su destrucción ambiental y sus violaciones de los derechos humanos.Sin embargo dos años después, a pesar de sus promesas, Wilmar sigue sin resolver muchos conflictos de larga duración que existen entre sus operaciones y las comunidades afectadas. El siguiente material presenta un par de casos en los que Wilmar no ha sido capaz de resolver sus conflictos con las comunidades.

En 2007 el FPP ayudó a dos comunidades de la provincia de Kalimantan Occidental a presentar quejas formales ante la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) con motivo de unas operaciones de Wilmar que afectaban a las tierras que poseían por derecho consuetudinario. Wilmar había sido miembro de la RSPO desde 2005 y había recibido apoyo financiero de la CFI, el brazo financiero privado del Banco Mundial, desde el año 2004. La RSPO estimó la queja contra Wilmar por haber ocupado las tierras de las comunidades de Senuju y Sajingan Kecil sin su consentimiento, y la CFI confirmó esta decisión y prestó apoyo para la mediación con el fin de resolver la disputa. En 2008 las comunidades llegaron a un acuerdo con Wilmar respecto a los impactos de sus operaciones, y el Banco Mundial suspendió la aprobación de nuevas inversiones en el sector del aceite de palma a la espera de un examen y de la formulación de una política para evitar que su financiación tenga impactos sociales y ambientales negativos. El FPP acogió con beneplácito el acuerdo entre Wilmar y las comunidades de Kalimantan Occidental, pero en 2014 se enteró de que Wilmar no había cumplido sus compromisos y seguía sin pagar sus deudas a las comunidades.

En 2006 el FPP documentó los problemas que la filial de Wilmar llamada PT PHP1 había causado a la comunidad Kapa de Pasaman Barat en Sumatra Occidental. Diez años más tarde los problemas que Wilmar causó a la comunidad Kapa se han intensificado, ya que la empresa ha obtenido una licencia para establecer una plantación (HGU por sus siglas en bahasa indonesia) sin su consentimiento, mientras que los líderes de la comunidad que se han quejado a la RSPO y las autoridades gubernamentales han sido criminalizados.

En enero de 2016 varios representantes del FPP y algunas ONG asociadas visitaron la comunidad Kapa y se entrevistaron personalmente con sus líderes para informarse de su lucha continua para que Wilmar reconozca y respete sus derechos territoriales. Tras la visita el FPP hizo pública la Resolución de Maninjau, en la que resalta que Wilmar no ha respetado los derechos de la comunidad Kapa ni ha resuelto de buena fe los conflictos con las comunidades. La resolución pedía «un desarrollo verdaderamente sostenible, con justicia, y que se ponga fin a los modelos coloniales de desarrollo de la tierra, que requieren que los pueblos indígenas entreguen sus tierras a inversores extranjeros» (Véase la Resolución de Maninjau, disponible solamente en inglés e bahasa indonesia).

El FPP continuará llamando la atención sobre los abusos de los derechos humanos por parte de Wilmar, y concretamente los derechos consuetudinarios de las comunidades sobre sus tierras, hasta que vea cambios sobre el terreno. Un reglamento emitido por el Ministerio de Agricultura de 2015 crea una categoría para los derechos territoriales comunales, gracias a lo cual las comunidades pueden hacer que el Gobierno reconozca y registre sus derechos territoriales y luego alquilar zonas a empresas de palma aceitera. Si bien el reglamento carece de instrucciones de implementación, puede ofrecer una manera de salir del dilema actual a las empresas que deseen respetar los derechos de las comunidades sobre sus tierras garantizando que solo puedan obtener licencias del Gobierno para explotar tierras sobre las que se hayan eliminado todos los derechos residuales de propiedad.