Wilmar International implicada en un tiroteo de la policía contra dos campesinos en una plantación de palma de aceite

Indonesia, 9 de enero de 2018: Varias ONG indonesias han protestado enérgicamente ante autoridades del Gobierno de Indonesia y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) por un incidente ocurrido el 18 de diciembre de 2017 en el que la policía disparó e hirió a dos campesinos. El presunto tiroteo se produjo en una de las plantaciones de palma de aceite que Wilmar International tiene en la provincia de Kalimantan Central, en la isla indonesia de Borneo. Según las ONG, el caso está relacionado con un conflicto por la propiedad de tierras entre la población local y PT Bumi Sawit Kencana, una filial de Wilmar que pertenece íntegramente a esta. El conflicto por la propiedad de tierras llegó a su punto álgido en 2013, cuando PT BSK intentó excavar un canal que según la comunidad bloquearía el acceso a las tierras en disputa. El caso fue presentado formalmente como denuncia ante la RSPO en junio de 2016, pero aún no ha sido resuelto. Los campesinos sostienen que les quitaron sus tierras sin pagarles y sin su consentimiento. Wilmar es la empresa comercializadora de aceite de palma más grande del mundo.

 

La coalición de ONG que está documentando el caso ha pedido a la RSPO que investigue el incidente y sancione a la empresa por las violaciones que ha cometido. También hace un llamamiento al Gobierno para que evalúe las licencias de la empresa y la sancione por las violaciones, y a la policía para que retire su brigada móvil, que, según ellos, fue la autora del tiroteo. En Indonesia es normal que se desplieguen brigadas móviles de la policía para proteger las propiedades de las empresas a cambio de una remuneración adecuada.

 

En su llamamiento conjunto la coalición de ONG, integrada por organizaciones indígenas, grupos comunitarios, campesinos, asociaciones de estudiantes y de mujeres y organizaciones de justicia medioambiental de todo el archipiélago, expuso lo siguiente:"El Estado no estuvo presente para proteger a sus ciudadanos y en vez de eso permitió que agentes de policía se convirtieran en escudos de una empresa privada. El Estado debería ser capaz de actuar con justicia, ofrecer una sensación de seguridad y garantizar el derecho de las personas a una vida próspera." 

Marcus Colchester, asesor principal en cuestiones de política de la organización internacional de defensa de los derechos humanos Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques), que también es un miembro de la RSPO, dijo lo siguiente:"La lentitud con la que la RSPO resuelve las demandas se está convirtiendo en un gran problema. Resulta trágica si los retrasos conducen a una escalada de los conflictos y a graves violaciones de los derechos humanos. Es necesario que la RSPO adopte urgentemente medidas para proteger a los demandantes, los portavoces de las comunidades y cualquiera que intente defender sus derechos."  Haga click aquí para leer la Declaración de las ONG