Indigenous Kichwa organisations participate in the second meeting of the Regional Roundtable for the Protection of Human Rights Defenders - San Martin Region (Spanish Only)

Antes de retirarse de la reunión, el Ministro de Justicia, José Tello Alfaro, señaló que el 10, 14, 17 o 21 de abril (fecha por definir), los técnicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) participarán en una mesa de trabajo sobre la titulación de tierras, con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Ministerio de Cultura (MINCUL), y también para la mejora de la defensa pública en cuanto a la atención intercultural. Dicha defensa pública se instalaría en San Martín a través de Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA), como se hará en 8 regiones adicionales. Se espera  lograr un trabajo sostenido y con enfoque intercultural, con defensores del medio ambiente e indígenas, y la defensa de sus derechos coordinada en su propio idioma y de manera interdisciplinaria.

Asimismo, la Vicegobernadora Olguita Celiz, antes de retirarse a la reunión señaló que, como Gobierno Regional, se comprometerán a tres compromisos puntuales: 1. Gestionar una ordenanza regional para creación de la mesa; 2. Apoyo logístico a las comunidades nativas kichwa del Bajo Huallaga para diligencias urgentes de emergencia, como denuncia y visitas in situ y apoyo de las movilidades de la institución; 3.Solicitar a la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) la lista de todos los predios que están pendientes de saneamiento para instituciones educativas y postas de salud, y coordinarán con la SUNARP para evaluar qué predios existen.

Con respecto a los procesos de titulación de las comunidades nativas, la Vicegobernadora, además señaló que el Gobierno Regional ya expresó su voluntad política de avanzar con los mismos, y está en coordinación con el MINCUL, donde expresó existe gestión y voluntad política.

 

Sobre lo señalado por el Ministro de Justicia y la Vicegobernadora Regional, Wilger Apagüeño, ex presidente de la FEPIKECHA indicó: “(…) que la manera de actuar del Estado es coordinar y ver el tema de los defensores, y el problema más grande de San Martín es lo que está sucediendo en el Bajo Huallaga. Huimbayoc es una zona convulsionada porque la Policía Nacional del Perú  no quiere hacer sus acciones ahí. Y esperemos que esta mesa nos permita tener mejor articulación para defender a nuestros hermanos. Los pueblos indígenas están a kilómetros de la ciudad, pero si nos unimos todos, van a ser mejor las coordinaciones y las acciones a tomar”.

 

 

Adicionalmente, recordó que: “en el 2019 la FEPIKECHA ha hecho un informe y este informe ha llegado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos),, y es una vergüenza hacer eso para que el Estado nos pueda visibilizar nuestros problemas, pero no lo hacen, refiere que ellos viven ahí y es el Estado que debe atender a los pueblos indígenas. Lo que quiere decir es que debe haber mejor coordinación y acercamiento a los pueblos indígenas, y uno de los problemas más grandes es la falta de titulación del territorio, porque cuando un comunero denuncia un tema ambiental, se archiva porque ese territorio le pertenece al Estado y no a una comunidad, y es necesario mejorar la seguridad jurídica. Cuando un pueblo esta invadido por actividades ilícitas, no se protege, y sin ir al lugar de los hechos la fiscalía archiva los casos, pues esta es la causa de las amenazas, las garantías están en papel y no se cumplen. Pedimos que las autoridades lleguen al lugar de los hechos, y no se espere muertes para hacer llegar las acciones”.

 

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, al cuestionamiento de los líderes indígenas sobre la falta de acceso a la justicia ambiental en la labor de los defensores, señaló que el problema es que las comunidades no cuentan con título, y su reconocimiento como comunidad es reciente, por lo que no se aplica la agravante en el caso de los bosques de comunidades nativas y las investigaciones por destrucción de bosques y de formaciones boscosas. Estas afirmaciones fueron cuestionadas por el equipo técnico de las organizaciones indígenas, al señalar que la fiscalía tiene un arduo trabajo en cuanto al enfoque intercultural que debe ser considerado en su actuación, y sobre todo la necesaria aplicación de los derechos colectivos de las comunidades nativas en todos los casos que llegan a su cargo. Está claro que la titulación de la propiedad comunal solo es declarativa y no constitutiva de derechos, por lo que debe aplicarse criterios y estándares para determinar cuando estamos ante un territorio ancestral, más allá de la sola presentación del título de propiedad.

Luego de un debate amplió entre los asistentes se firmó el acta de la reunión con los siguientes acuerdos:

• El MINJUSDH se compromete a organizar una reunión de trabajo de carácter técnico con la participación del Gobierno Regional, la SUNARP, el MIDAGRI, el MINAM el MINCUL, la CODEPISAM o las federaciones que lo conforman, y entidades que se consideren pertinentes, la misma que se realizará en el mes de abril, previa coordinación.
• El Gobierno Regional se compromete a impulsar la aprobación de la ordenanza regional que formalice la creación de la Mesa Regional de San Martín para la protección de las personas defensoras de derechos humanos con la asistencia técnica del MINJUSDH. Asimismo, se compromete a prestar apoyo logístico para el traslado con movilidad a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial para la atención de situaciones de riesgo que involucren a personas defensoras de derechos humanos.
• El Ministerio de Interior se compromete a dar seguimiento a las solicitudes de garantías presentadas en la Región San Martín, en el marco del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
• La Jefatura de la Zona Registral III – Sede Moyobamba, se compromete a brindar orientación, acompañamiento y capacitación en el trámite registral respecto al nombramiento de juntas directivas, rondas comunales, territorios comunales, entre otros, en el marco de sus competencias.

Es importante que estas Mesas regionales, como se vienen desarrollando en otras regiones amazónicas con personas defensoras de derechos humanos amenazadas, tengan la capacidad práctica y la voluntad política para concretar el resguardo de la vida e integridad de estas personas, sus familias y comunidades, así como para el abordaje de las causas estructurales que fomentan las amenazas y violencia contra ellas. Hace unas semanas, ya en el Examen Periódico Universal (EPU), llevado a cabo por un grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que revisó el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones en materia de derechos humanos del Perú destacó como positivos el "Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos" y el "Protocolo Sectorial para la Protección de las Personas Defensoras Ambientales", pero falta. De esta manera se le ha exhortado al Estado peruano redoblar sus esfuerzos para prevenir los actos de hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la dotación de recursos suficientes a mecanismos de protección estatal para que puedan operar de manera eficiente".

Encuentre y descarga abajo el Acta de Mesa Regional de San Martín para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.