Nota de prensa: Comunidad Amazónica alerta a la CIDH de la falta de respuesta del Tribunal Constitucional a su demanda por la restitución territorial

La comunidad Santa Clara de Uchunya y su organización representativa la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) solicitan a la CIDH exhortar al Estado peruano sobre la ausencia de un pronunciamiento dentro de plazo razonable en el caso de una demanda de amparo de restitución territorial que presentaron ante el sistema judicial del Perú hace más de cinco años.

La justicia estancada en Perú

El 26 de mayo del 2021, la comunidad nativa del pueblo shipibo-konibo y la FECONAU, solicitaron a la CIDH, en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se requiera al Estado peruano y a sus diversas autoridades involucradas, en especial a su Tribunal Constitucional, toda la información pertinente sobre los procesos de restitución de territorios ancestrales. Esta acción cuestiona en particular el injustificado atraso procesal en que se encuentra la sentencia del amparo interpuesto contra el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y la empresa Plantaciones de Pucallpa (cuya plantación es hoy operada por Ocho Sur P) en abierta vulneración de la normativa interna e internacional de acceso a la justicia.

Durante años Santa Clara de Uchunya y la FECONAU han hecho uso de diferentes acciones legales y de incidencia, a nivel nacional e internacional, para lograr la restitución del territorio ancestral de la comunidad y asegurar sanciones penales y administrativas contra los responsables del despojo. De esta manera, en mayo de 2016 interpusieron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali y la empresa Plantaciones de Pucallpa (hoy reemplazada por Ocho Sur P, empresa privada que pertenece a Peruvian Palm Holdings Ltd con sede en Bermudas) (Exp. N.° 03696-2017-AA/TC). El caso fue rechazado en dos instancias judiciales de la región de Ucayali, pero en septiembre de 2017 fue recibido por el Tribunal Constitucional, sin que hasta la fecha hayan dictado una sentencia. Ello, a pesar de que la demanda fue admitida a trámite en septiembre de 2018 y que la audiencia se realizó en septiembre de 2019.

La demora implica una violación del acceso a la justicia de las comunidades, y del derecho humano a la tutela judicial efectiva de parte de las propias autoridades jurisdiccionales, en el sentido en que esta protege también el derecho a un plazo razonable para alcanzar justicia. Según el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal debió pronunciarse 20 días hábiles después de haber recibido la demanda de la comunidad y la FECONAU.

 

“La propia demora del TC viola el derecho de la comunidad a la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho fundamental que tienen todas las personas a contar con una sentencia dictada en un plazo razonable y con apego al derecho. Los hechos sugieren al menos dos explicaciones complementarias: hay un grave problema de gestión operativa en el tribunal y una falta tremenda de criterio a la hora de priorizar unos casos sobre otros. Nuestro temor es que en el fondo se esconda también un velado racismo, estructural a todas las instituciones del Estado”, Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

 

Han pasado ya más de 44 meses sin que ello ocurra, mientras que la situación en la comunidad se agrava, en especial en el actual contexto de pandemia que ha propiciado el aumento de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en la Amazonía. Entre abril y mayo de este año, se han incrementado los actos intimidatorios contra miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, con rumores en un caserío vecino de que un grupo de delincuentes armados había llegado a la zona con el propósito de asesinar a cuatro autoridades de la comunidad, o la presencia de sujetos desconocidos recorriendo la comunidad por las noches.

Además, la continua presencia de la empresa de palma ha generado una dinámica de acaparamiento de tierras y deforestación que ha resultado en la destrucción de más de 16 mil has. de bosques en el territorio ancestral de la comunidad, con el ingreso de cada vez más colonos en sus tierras tradicionales y resultando en la expansión de la frontera agroindustrial.

Es importante notar que la comunidad Santa Clara de Uchunya cuenta con medidas cautelares otorgadas el 28 de octubre de 2020 (Resolución 81/202) por la CIDH, a fin de que se proteja la vida e integridad de sus integrantes y se investiguen las acciones que originaron las violaciones a derechos humanos para evitar así su repetición. Sin embargo, hasta ahora, la propia comunidad manifiesta que estas medidas no han sido aplicadas en su totalidad, con efectividad y pertinencia, precisamente en el terreno.  

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, la comunidad y FECONAU se han dirigido al Tribunal Constitucional para informarle sobre la situación de crisis que enfrentan, incluyendo el embate del COVID-19, la amenaza de contagios que representa la plantación de palma de Ocho Sur, el rechazo definitivo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a la aprobación de la certificación ambiental que había solicitado la empresa, las sanciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental contra la empresa (incluyendo el cese de sus operaciones y el pago de una multa de 9 millones de soles), el escenario de graves amenazas contra la vida e integridad personal que vienen afectando a las personas defensoras de derechos humanos en la región y en toda la Amazonía peruana, así como las medidas cautelares otorgadas recientemente por la CIDH.

 

“Queremos que el Tribunal se pronuncie de una vez, por todos los años que han pasado ya con la demanda. La comunidad está muy preocupada por la larga demora por una sentencia, y también por todas las amenazas que recibimos en nuestro territorio”, Efer Silvano, jefe de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.

 

Con esta comunicación a la CIDH, la comunidad Santa Clara de Uchunya y la FECONAU esperan de la CIDH un requerimiento urgente de información al Estado peruano y a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez , expresándole su preocupación por el grave retraso en el trámite del caso de Santa Clara de Uchunya, exhortando a los magistrados a dictar una sentencia en el plazo más próximo en atención a los derechos que se encuentran en riesgo, además de la vulneración misma al acceso a la justicia.