Black communities and civil society organisations hand in reports to the IACHR upon their visit to Colombia due to the serious human rights violations during the National Strike

Entre el 8 y el 10 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana de DDHH realizó una visita de trabajo a Colombia con ocasión de la represión violenta de la protesta social que se ha intensificado desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril. Entre esa fecha y el 31 de mayo, la ONG temblores registró al menos 45 homicidios presuntamente perpetrados por agentes del estado -29 más en proceso de verificación-, 1.649 detenciones arbitrarias que muchas veces terminan en desapariciones forzadas, torturas o tratos crueles, 25 casos de violencia sexual contra manifestantes por parte de agentes del Estado y 65 víctimas de lesiones oculares causadas por las armas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)

Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Temblores, INDEPAZ y PAIIS, han presentado informes a la Comisión documentando el carácter sistemático de prácticas de represión utilizadas por el Estado y contrarias a los estándares del sistema interamericano de DDHH y alertando sobre el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que impide controles e investigaciones independientes en los casos de brutalidad policial.

Ver el informe de entregado por organizaciones afrodescendientes a la CIDH acá (Spanish only)

Entrega de evidencias a la CIDH por comunidades negras y pueblos indígenas, junio 2021:

Las organizaciones afrodescendientes e indígenas presentaron informes a la CIDH en los que evidencian cómo la brutalidad policial los ha afectado de manera desproporcionada, especialmente en Cali. Esta, es la segunda ciudad de América Latina con mayor cantidad de población afrodescendiente, en donde además se presentaron ataques de civiles armados con respaldo de la policía contra la Minga (manifestantes indígenas), uno de los cuales que dejó más de diez heridos de arma de fuego.

Este y otros ataques han estado precedidos de discursos racistas que promueven la discriminación racial y la violencia y que buscan justificar estas acciones contra las minorías étnicas que se movilizan. Los informes que las organizaciones indígenas, afrodescendientes y las pertenecientes a la Mesa Nacional de OSC sobre empresas y DDHH  entregaron a la CIDH, evidencian cómo, en el marco del Paro Nacional se han promovido y divulgado por parte de funcionarios públicos, miembros del partidos políticos -incluido el partido de Gobierno-, gremios empresariales, empresas y particulares, discursos de estigmatización contra la protesta social, que incitan al odio, al recurso a la violencia, a la discriminación racial y las manifestaciones de racismo.

Las organizaciones de comunidades negras, pueblos indígenas y la sociedad civil instan a la CIDH de rechazar dichos discursos y a promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de manifestarse o participar en una protesta.

Cabe recordar que en su última evaluación periódica al estado Colombiano en 2019, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) manifestó su preocupación por: a) la falta una disposición general en la legislación administrativa o civil que prohíba la discriminación racial directa e indirecta en todos los ámbitos de la vida pública; b) la legislación penal aún no incorpora ninguna referencia a cualquier actividad de propaganda que promueva la discriminación racial e inciten a ella; c) la definición de discriminación racial prevista en la ley 1482 de 2011 continúa sin ajustarse al artículo 1, párrafo 1, de la Convención (CERD); e) la falta de aplicación efectiva de dicha ley, que se refleja en el escaso número de investigaciones y condenas por casos de discriminación racial (arts. 1, 2, 5 y 6).

Estas fallas legislativas urgen ser ajustadas y remendadas, especialmente ahora que se han incrementado los discursos racistas en el marco del paro nacional, por lo que es fundamental que la CIDH insista al Estado colombiano para que cumpla de las recomendaciones del ONU CERD en la evaluación periódica a Colombia realizada en 2019, con especial énfasis en las relacionadas con discriminación racial (párrafo 7, 9 y 11).