Certificación de productos básicos, derechos humanos y deforestación: opiniones desde el terreno

Norman Jiwan es un líder indígena Dayak de Borneo, Kalimantan Occidental, Indonesia. Durante las dos últimas décadas ha trabajado para Friends of the Earth Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, SawitWatch y TuK INDONESIA y ha participado activamente en los procesos de establecimiento de estándares y rendición de cuentas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), incluyendo cuatro años en la Junta Ejecutiva. También ha participado en la presentación de numerosas quejas en el marco de los procedimientos de reclamación de la RSPO, y está cualificado para auditar los estándares de la RSPO.

El FPP habló con Norman Jiwan acerca de sus experiencias con la certificación y su opinión sobre su valor para los marcos de diligencia debida que se están desarrollando en Europa y el Reino Unido. 

 

“Para mí,  los recursos naturales, los derechos a la tierra, las cuestiones ambientales son todos problemas de derechos humanos. No se puede hablar únicamente de los derechos civiles y políticos cuando las personas son arrestadas”.

 

Norman Jiwan

“Los esquemas de certificación son esenciales, pero a la vez muy problemáticos”

Los esquemas de certificación como la RSPO tienen como objetivo mejorar las condiciones injustas que actualmente enfrentan no solo los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de la tierra, los recursos naturales y las propiedades agrícolas, sino también los pequeños agricultores (que a menudo son pueblos indígenas que se han transformado en productores debido a la falta de tierra) o los trabajadores / jornaleros (que a menudo se han quedado sin tierra debido a la expansión del aceite de palma).

El pleno cumplimiento de los Principios y Criterios (P y C) de la RSPO exige a las empresas muchas acciones importantes: un proceso de diligencia debida, pero además el desarrollo de capacidades para las parte interesadas afectadas que explique y forme a las personas sobre su enfoque y sus derechos. Sin embargo, este requiere ser dirigido no solamente a los trabajadores, el personal y la dirección, sino también a las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres y otras partes interesadas afectadas en torno a sus operaciones.

 

“Pero este es el problema, las empresas sólo ponen cosas por escrito, sin buscar realmente el cumplimiento de sus obligaciones de membresía".

 

Si se aplican los P y C de la RSPO sin llevar a cabo un proceso creíble de desarrollo de capacidades, se estará agravando la situación actual, que suele ser injusta.

Pero, ¿se imaginan que una empresa tuviera que explicar uno por uno los estándares de la RSPO sobre los derechos a la tierra, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), las adquisiciones justas a las mismas personas que están en conflicto con ellos? Quizás al principio pensaron que no había nada malo en las acciones de la empresa, que sus pérdidas eran inevitables. Pero luego comenzaron a ver que su CLPI está comprometido, que sus derechos humanos no se respetan.

 

La situación actual es que los pueblos indígenas, las comunidades locales, los pequeños agricultores, los trabajadores y las mujeres se encuentran en una posición débil. No pueden enfrentar estos problemas fácilmente porque no tienen acceso a la información, los recursos y la capacidad para ser una parte genuina del proceso de certificación, lo que les permitiría ser eficaces. Este es el gran y grave problema de la certificación.

 

El segundo problema es la falta de capacidad del órgano de certificación mismo. Bueno en papel pero no en el terreno. Si los auditores no cuentan con la capacidad (especialmente en materia de derechos humanos) y tienen relaciones establecidas con las empresas, se convierte entonces en un ejercicio de marcar casillas, no evalúa el cumplimiento ni el desempeño real. Si me preguntan qué pienso de los esquemas de certificación como la RSPO, mi gran pregunta es: ¿han implementado lo que exige el estándar, especialmente el desarrollo de capacidades con las partes interesadas? Si no es así, la cuestión de la emisión de certificados sigue siendo problemática.

Un proceso de certificación sigue siendo necesario: es un proceso de mejora de las condiciones y situaciones actualmente injustas, pero un proceso de certificación adecuado es sólo el principio. No se puede parar ahí, sin involucrar un proceso de vigilancia (monitoreo y cumplimiento) efectivo.

 

Para mí, los esquemas de certificación se encuentran entre las muchas herramientas  que crean espacio para los pueblos indígenas y las comunidades locales, especialmente cuando hablamos de los países productores que no cuentan con un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos.

 

Si comparamos Indonesia y Malasia, la primera es muy buena en ratificar los convenios internacionales, pero mala en la aplicación de las normas nacionales. Pero esa situación sigue siendo mejor que nada, mejor que la de países como Malasia; también hay que introducir las mejores prácticas en el contexto de los países productores que no tienen esos compromisos.

La experiencia demuestra que la certificación ha mejorado las prácticas sobre el terreno en Malasia, en particular la forma en que los pequeños agricultores pueden beneficiarse de una tasa por tonelada de aceite de palma: no me gusta admitirlo, pero Cargill ha sido una de las mejores empresas en apoyar a los minifundistas. Reciben una prima por el aceite de palma certificado y la devuelven a sus pequeños agricultores. Así es como una iniciativa de certificación puede incentivar la mejora.

Exponiendo lagunas en el proceso de la RSPO: Kalimantan Occidental

Uno de los primeros casos que traté en mi trabajo, a principios de la década de los 2000, fue un caso de aceite de palma en Kalimantan Occidental, PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL). PT HSL en una filial de Cargill, y el caso aún sigue en curso: existen conflictos históricos de tierras que aún no se han resuelto. Es una indicación de algunas de las limitaciones de los procesos de certificación. [Un estudio de caso más detallado que analiza este caso se incluye en un informe de 2021 titulado “Exigiendo responsabilidad”, coeditado por el FPP y coescrito por Norman].

Tal vez los casos más grandes e importantes en los cuales he estado involucrado son los de Wilmar (véase, por ejemplo, aquí y aquí), cuando presentamos denuncias de violaciones de los derechos humanos contra Wilmar ante la RSPO, así como ante la Oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman (CAO) en relación con la Corporación Financiera Internacional (CFI, es un miembro del Grupo del Banco Mundial) (ver, por ejemplo, aquí y aquí). La CFI proporcionaba financiación para el desarrollo del aceite de palma que iba a parar a Wilmar.

El problema en ese momento era el acaparamiento/despojo de tierras sin el CLPI y la realización de operaciones sin ninguna evaluación de impacto ambiental. Los derechos humanos incluyen el derecho al debido proceso legal, y las evaluaciones de impacto ambiental son una parte básica de ese acceso a la justicia. Wilmar utilizaba el fuego para despejar la tierra, y este método de quema viola los derechos de los pueblos indígenas a la salud y a un medio ambiente sano. También se presentaron problemas de criminalización y conflictos por la tierra, y se vio involucrado el derecho al agua limpia, ya que la excavación y el desbroce de tierras provocaban la sedimentación de arroyos y ríos. En retrospectiva, lo que no incorporamos adecuadamente en la reclamación al Banco Mundial fueron los abusos específicos relacionados con el género vinculados a las operaciones de Wilmar.

 

La denuncia se presentó en julio de 2007, y  fue uno de los casos más grandes e importantes jamás presentados: fue una prueba de fuego para el sistema de la RSPO.

 

Este fue el primer caso que desafió a los miembros de la RSPO y el primer caso que trajo cambios serios. Influyó no solo en las reglas de préstamo de la CFI, sino también en el Grupo del Banco Mundial en su conjunto. A partir de entonces, el Grupo del Banco Mundial prestó más atención a los impactos sobre los derechos humanos de las actividades que financiaban, y también puso de manifiesto cómo las inversiones y los préstamos sin salvaguardias contribuían a los impactos sobre los derechos humanos.

De un pequeño grupo de 7 organizaciones que trabajaron en la denuncia, más de 200 personas y organizaciones firmaron una carta dirigida al Banco Mundial solicitado cambios en sus reglas de préstamo. Esto condujo a una moratoria de dos años por parte del Banco Mundial, después de que una auditoría confirmara las conclusiones de la CAO. Realmente cambió el mecanismo de rendición de cuentas tanto del Banco Mundial como de la RSPO (que hasta entonces había sido un proceso muy pasivo). Además, en ese momento no había requisitos específicos sobre derechos humanos en los P y C de la RSPO y este caso realmente expuso ese vacío.

“Uno de los mayores desafíos está relacionado con los conflictos históricos por la tierra y la restitución de la misma"

Las empresas dicen que el proceso de rectificación de malos procesos de CLPI en el pasado es realmente muy complicado. La verdad es que no quieren crear buenos precedentes para la comunidad y malos precedentes para la empresa. Si restituyen las tierras habrá una avalancha de demandas de restitución en otras comunidades, no sólo en Indonesia, sino en todo el mundo.

Un sistema de certificación no puede obligar a las empresas a hacer algo que consideran imposible (o fundamentalmente contrario a sus intereses comerciales), y las empresas no creen que la restitución de tierras sea algo viable. Ese es uno de los mayores retos, no sólo para el sector privado, sino también con el gobierno. Los miembros de la RSPO deben cumplir con todo el conjunto de estándares adecuadamente, en las certificaciones, en su propia evaluación interna y en sus preparativos para la diligencia debida.  Pero, después de todo, son un negocio, y al fin y al cabo persiguen el dinero.

Los sistemas de certificación tienen su lugar, pero no son suficientes para satisfacer los requisitos de diligencia debida

Un esquema de certificación no garantiza el respeto de los derechos humanos. Si me preguntan si existen algunas “buenas” empresas que hayan sido certificadas, francamente hablando no estoy seguro de que las haya. Esta es la razón por la que la diligencia debida de las empresas aguas abajo, propuesta por ejemplo por la legislación de la UE y el Reino Unido, debe ir más allá de la mera certificación. De lo contrario, el proceso de certificación no será más que un ejercicio de etiquetado y sellado que sostendrá condiciones injustas, al tiempo que contribuirá a maximizar los beneficios de las empresas de aceite de palma.

Los esquemas de certificación son un elemento en el proceso de creación de cadenas de suministro más sostenibles. Pero si los esquemas de diligencia debida de las empresas propuestos por la UE y el Reino Unido han de ser significativos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, las empresas deben mirar la realidad de la producción más allá de la certificación.

Biografía

Este año, Norman celebra 20 años como activista en el movimiento de derechos humanos y ambiental en Indonesia. Durante su carrera, ha trabajado con Friends of the Earth Indonesia capítulo de Kalimantan Occidental, SawitWatch, TuK INDONESIA (entre otros). Estuvo cuatro años en la Junta Ejecutiva de la RSPO (ahora Junta Directiva) como representante de las organizaciones sociales en la junta, junto con Oxfam. Durante ese tiempo, él (junto con Sime Darby) propuso y luego inició un grupo de trabajo de derechos humanos como parte de la RSPO.

Lea el artículo en Bahasa.