CIDH otorga medidas cautelares a familias de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayaku

La Comisión interamericana de Derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a familias de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayaku de la región San Martín en Perú, por considerar su situación grave y urgente, ya que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable. Esta decisión de la CIDH se suma a otras exhortaciones internacionales hacia el Estado peruano para salvaguardar, en la práctica y no en el papel, la vida en Santa Rosillo de Yanayaku, en un contexto de repliegue estatal en el valle del Chipurana, de inseguridad jurídica territorial, de presencia y aumento de las economías ilegales, y de las amenazas y hostigamiento a quienes defienden su territorio, y hasta del trágico asesinato del líder kichwa Quinto Inuma.

Mediante la Resolución 13/2024, la CIDH ha considerado que las familias de la comunidad Santa Rosillo de Yanayaku se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. De tal manera que el organismo interamericano consideró que se reunían los requisitos que establece el artículo 25° del Reglamento de la CIDH y declaró fundada la solicitud de medidas cautelares que presentaron la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest Peoples Programme (FPP).

En las medidas cautelares la CIDH le solicita al Estado peruano que:

 

“a) adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Entre otras cosas, se solicita implementar las medidas que resulten indispensables para garantizar que las personas beneficiarias que se encuentran desplazadas en la ciudad de Tarapoto puedan regresar de manera segura a su comunidad;

b) concierte las medidas a ser implementadas con las personas beneficiarias y/o sus representantes;

c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición”

 

El otorgamiento de estas medidas cautelares ocurre a casi cuatro meses del trágico asesinato del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, donde aún las autoridades siguen tras la pista de dos autores intelectuales y materiales del crimen, mientras que otros tres implicados cursan prisión preventiva y afrontan las investigaciones del caso como integrantes de la presunta banda criminal “Los chacales de Santa Rosillo”.

 

“¿Cómo me siento? Muy contento porque la Comisión le ha metido un orejazo al Estado peruano. Pucha, muy contentos, la familia, todos. Esperemos que ahora sí el Estado nos dé la seguridad a nuestras familias en las trochas, en los ríos, en nuestros viajes. De eso es lo que se trata. Hubiera sido así cuando el apu Quinto vivía. A él jamás le vamos a recuperar ¡Nunca! Pero si bien ya no está vivo, siempre nos acompaña a nosotros como defensores que seguimos, no paramos el ritmo, no vamos a dar pie atrás a la ilegalidad. Seguimos adelante con más fuerza”. Manuel Inuma, apu de Santa Rosillo de Yanayaku

 

La Comisión en su evaluación recoge de manera justa desde la parte solicitante el complejo conflicto social presentado para la comunidad por los solicitantes de las medidas cautelares:  uno donde hay una ola creciente de amenazas desde el 2018 a quienes defienden el territorio comunal; la demora de la titulación colectiva y el otorgamiento de derechos a terceros por parte del Estado peruano; contexto que habría facilitado la polarización al interior del territorio de la comunidad que se materializó con la creación del caserío Santa Rosillo de Yanayaku como estructura paralela para menoscabar la autoridad de los líderes y dirigentes de la comunidad.

La CIDH también toma nota de la larga lista de denuncias de los líderes de la comunidad por motivo de la proliferación de actividades ilícitas; y la debilidad del mecanismo de las garantías personales otorgadas y del Mecanismo Intersectorial creado para proteger la vida de las personas defensoras de los derechos humanos. También recoge la falencia del Estado peruano que no cuenta con medios económicos ni logísticos para sus operativos de resguardo a la vida, y el terrible episodio de asesinato a Quinto Inuma, así como amenazas recientes incluso cuando las y los comuneros de Santa Rosillo de Yanayaku se encuentran refugiados fuera de la comunidad en una situación precaria de desplazamiento y desarraigo.

De hecho, la CIDH remarca la falta de información adecuada de parte del Estado sobre la investigación del asesinato de Quinto Inuma y sobre las investigaciones de otros hechos denunciados, lo cual fue determinante al evaluar el riesgo que enfrentaban los miembros de la comunidad y otorgar las medidas cautelares: “…si bien el Estado indicó las gestiones llevadas a cabo tras el asesinato de Q.I.A., no aportó información sobre su estado actual, ni sobre el estado de las investigaciones eventualmente en curso sobre los demás hechos denunciados a lo largo del tiempo. Lo anterior, resulta un aspecto relevante al momento de establecer el riesgo que enfrentarían las personas propuestas beneficiarias y las posibilidades de que se repitan, especialmente al considerar que algunos “colonos” poseerían armas de fuego, entre otras armas letales como machetes” (párrafo 56).

Si bien la CIDH aclara que no tiene competencias para pronunciarse sobre resolver la controversia territorial, sí recoge positivamente que los “hechos de riesgo reportados se relacionan con las acciones de defensa del territorio comunal” (párrafo 38), y por ello entonces la necesidad de proteger a las familias de la comunidad “que tienen una postura de protección colectiva de la comunidad, o adoptan acciones a favor de la seguridad de las familias y la titulación colectiva de su territorio” (párrafo 38). Así “…la Comisión considera que la ausencia de seguridad jurídica sobre el territorio de la comunidad genera un impacto adicional a la problemática contextual en la que se inserta la situación de las personas propuestas beneficiarias” (párrafo 43). El proceso de titulación de la comunidad sigue estancado, pese a que en noviembre del 2021 se creó dentro de la Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas de San Martín, una comisión ad hoc para abordar el caso de la comunidad.

Además, la Comisión alentó al Estado peruano a ampliar su comprensión de lo que deberían implicar las medidas de protección, como brindar apoyo psicológico a las personas que han experimentado amenazas y violencia: “…la Comisión entiende que, en el marco de determinadas medidas de protección, se suele brindar acompañamiento psicológico a personas que han estado expuestas a situaciones de riesgo y violencia, como podría ser el asesinato violento de un familiar o líder comunal. En tal sentido, la Comisión estima que puede evaluarse dicha posibilidad como parte de las medidas adicionales o reforzadas que puedan adoptarse en el marco de la institucionalidad peruana. En particular, y por lo menos, a los familiares del líder indígena asesinado” (párrafo 55).

También la Comisión alentó a abordar los riesgos derivados de los desafíos de logística/viajes y acceso digital/comunicación: “…corresponde realizar una valoración actualizada del riesgo con miras a identificar las medidas más idóneas y efectivas para la situación planteada. En el marco de dicha valoración actualizada, la Comisión considera que pueden incluirse aquellas acciones que han venido funcionando como aquellas que requieren un reforzamiento. En ese espacio, podría ponderarse, entre otras propuestas que tenga el Estado, aquellas que indican la necesidad de adoptar medidas frente a los riesgos en el tránsito hacia la comunidad y eventuales dificultades de comunicación en la zona” (párrafo 54).

La CIDH le ha dado al Estado de Perú un plazo de 15 días para que informe sobre la adopción de las medidas cautelares otorgadas en favor de las familias de Santa Rosillo de Yanayaku y que actualice dicha información periódicamente.