DNUDPI: diez años después, y mirando al futuro

El mundo está marcando el décimo aniversario de la adopción formal de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) por la Asamblea General. El Forest Peoples Programme (FPP) celebra y apoya los numerosos logros obtenidos para los pueblos indígenas en los últimos diez años en lo referente a avances jurídicos, casos legales clave luchados y ganados, aumento del respeto y del reconocimiento a nivel mundial, y  trabajo de solidaridad y colaborativo sólido cada vez mayor a lo largo del mundo. Este décimo aniversario es también un momento para reflexionar sobre lo que aún queda por lograr, y dónde se deberá continuar con la lucha por la igualdad y la equidad, la libre determinación y la supervivencia cultural en el futuro.

Se han hecho progresos a nivel internacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen referencia directa a los pueblos indígenas - en el contexto de la duplicación de los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala (objetivo 2), y la eliminación de las desigualdades de género en materia de educación y capacitación (objetivo 4). Los pueblos indígenas están participando de manera oficial en el seguimiento de la implementación a través de un caucus regionalmente representativo, el Grupo Principal de los Pueblos Indígenas, proporcionando el acceso político internacional que puede superar las barreras nacionales para la participación.

El acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático también reconoció las obligaciones en materia de derechos humanos y específicamente de los derechos de los pueblos indígenas. El Fondo Verde para el Clima, establecido para financiar la implementación del acuerdo, reconoce la importancia de la participación indígena en su propia gobernanza, y ha declarado que requerirá el consentimiento de los pueblos indígenas en los proyectos que financia.

De hecho, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) se reconoce ahora como un estándar básico para los pueblos indígenas y otros pueblos que acceden y transfieren tierras sujetas al derecho consuetudinario. Tanto las iniciativas del sector privado como las instituciones financieras del sector público han desarrollado políticas y directrices sobre el proceso, contenido y objetivo del CLPI, y las circunstancias en las cuales es esencial. Aunque la implementación sigue siendo desigual e incoherente, y las políticas en sí mismas varían en calidad, este consenso emergente alrededor del principio de que los pueblos indígenas deben dar su consentimiento a las acciones que afectan sus vidas, derechos e intereses es un paso significativo hacia adelante.

A nivel nacional ha habido algunas causas de celebración. En Perú, en 2015, los wampis se declararon gobierno autónomo indígena para defender mejor los 1,3 millones de hectáreas de su territorio ancestral. Como gobierno, dan prioridad al bienestar, la seguridad alimentaria y la promoción de las opciones económicas que respetan su visión de una relación sana y armoniosa con el mundo natural. En Kenia el año pasado hubo avances en la tan esperada adopción de la Ley de tierras comunitarias, que reconoce legalmente la tenencia comunitaria. Ha habido decisiones positivas emblemáticas por parte de los tribunales que han hecho avanzar el entendimiento de los derechos indígenas: la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de reconocer la existencia de los territorios consuetudinarios de los pueblos indígenas, incluso en los bosques; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Surinam, resaltando los derechos de los saramaka; la sentencia de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para los ogiek en Kenia y la decisión anterior de la Comisión Africana para los endorois, también en Kenia, destacando el avance del reconocimiento de los derechos indígenas en el continente africano; el veredicto de Awas Tingni de la Corte Interamericana y el fallo del Tribunal de Justicia del Caribe sobre los derechos a la tierra de 38 comunidades indígenas maya q'eqchi y mopan en abril de 2015. Todos ellos hacen referencia a la Declaración, apoyando la opinión de que gran parte de ese instrumento reitera la legislación vigente.

Los pueblos indígenas han estado trabajando arduamente para proteger sus tierras y recursos, con el nacimiento del mapeo participativo dirigido por la comunidad como una habilidad cada vez más importante y popular para demostrar y reclamar tierras. El reconocimiento oficial de los mapas generados por la comunidad está en aumento en Tailandia e Indonesia.

Sin embargo, paralelamente a este progreso se han dado pasos atrás importantes. Las convenciones y estándares internacionales no son implementados frecuentemente, y las legislaciones nacionales no están armonizadas con las internacionales.

La discriminación y la violencia hacia los pueblos indígenas siguen en aumento, con aquellas comunidades luchando por sus derechos a la tierra enfrentando un peligro cada vez mayor. El asesinato de Berta Cáceres ha sido una de las muertes indígenas más reportada en años recientes, pero estuvo lejos de ser un caso aislado. En 2014, cuatro líderes asheninka fueron asesinados en la Amazonía peruana después de que trataron de impedir la tala ilegal en sus tierras; en 2009, un joven fue asesinado en la Reserva de Tigres de Buxa, Bengala Occidental; y este año el líder indígena piaroa Freddy Menare fue asesinado. El informe de los defensores de la tierra de Global Witness menciona 200 defensores de la tierra y medio ambientales – casi 40% indígenas – de 24 países que fueron asesinados en 2016 solamente. Junto con la muerte, los pueblos indígenas corren el riesgo de la violencia, las desapariciones, la persecución y las amenazas a las personas individuales y sus familias. Este año, los sengwer que viven en el bosque Embout, Kenia, han notado un aumento en la violencia y en un incidente en particular, un hombre que documentaba dicha violencia fue asesinado.

El progreso en materia de derechos territoriales ha sido limitado a unos pocos países. En Nicaragua, hubo plena implementación de las sentencias legales derivadas del caso Awas Tingni, pero ejemplos similares son pocos y distantes entre sí. Un reconocimiento pequeño pero que sienta un precedente se ha logrado en Indonesia, luego de poner a prueba un cambio en las políticas presidenciales. Estos y otros casos jurídicos emblemáticos citados anteriormente se enfrentan a enormes obstáculos para su aplicación efectiva. Las tierras indígenas se encuentran bajo una presión creciente, y los pueblos indígenas están sufriendo desalojos, invasiones y apropiaciones de tierras a un ritmo creciente.

Mirando hacia los próximos diez años de la DNUDPI, está claro que siguen siendo necesarias estrategias completas, colectivas y determinadas para asegurar mejores y más amplios derechos para los pueblos indígenas.

En la campaña para formar y adoptar la DNUDPI, el Forest Peoples Programme se enorgulleció de prestar apoyo a los muchos líderes que trabajaron durante tantos años para hacerla una realidad. En los próximos años seguiremos  trabajando en favor de la realización plena de la DNUDPI, particularmente a nivel local, comunitario y nacional, donde su implementación hará la mayor diferencia. Acogemos con beneplácito el aumento del seguimiento internacional de la implementación de la DNUDPI, la ampliación del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, así como una mayor referencia de sus normas por parte de los diversos órganos de tratados y tribunales internacionales de derechos humanos.

Nuestras prioridades son aquellas de prestar apoyo y dar avance al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas y de los bosques y sus comunidades, a través de alianzas sostenidas,  incluso llevando a cabo la promoción conjunta para la reforma de políticas y el desarrollo y la adopción de legislación y estándares compatibles con los pueblos indígenas en todos los niveles que sean consistentes con los derechos e intereses de los pueblos indígenas y de los bosques. A medida que crecen los impactos financieros y de los conflictos sobre los recursos, hemos dado prioridad al desarrollo o el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de reparación en las instituciones públicas y privadas, asegurando que sean directamente accesibles a los pueblos y comunidades indígenas y de los bosques. Lo fundamental de todo esto es la creación de redes, el intercambio de información y la construcción de la solidaridad, un principio clave de nuestro trabajo.