Kichwas y UICN dialogan sobre demandas históricas frente al Parque Nacional Cordillera Azul con miras a una conservación con respeto a los derechos humanos

El estudio termina con potenciales recomendaciones de mejora, como i) Que la actualización del Plan Maestro sea una oportunidad de subsanar la falta de consulta previa, realizando un proceso con  estándares adecuados ii) Que el reconocimientos de espacios de uso tradicional se vea pueda ser abordado en esta actualización, ya que la demarcación de territorios comunales del PNCAZ podría irse por la vía judicial, y se establezcan acuerdos de uso con el SERNANP relacionándose estos espacios a la distribución de beneficios iii) Que el Proyecto REDD+ del PNCAZ establezca una estrategia de transparencia de información efectiva a las comunidades, especialmente con territorios vinculados y priorizar beneficios en ellas que impacten en su bienestar mediante proyectos participativos. Las recomendaciones también recogieron aportes de CIMA como el dar soporte técnico a las comunidades para proyectos REDD+ en sus espacios comunales fuera del PNCAZ. Y el evaluar la viabilidad de establecer un mecanismo para hacer partícipes de los proyectos REDD+ al interior del Parque a aquellas comunidades con reconocido uso ancestral en la medida de su participación como contribuyentes a la conservación.

Aquí las organizaciones indígenas remarcaron tajantemente que debería irse más allá del Plan Maestro, ya que éste termina siendo aún un instrumento limitado y encasillado que promueve la conservación excluyente, y que justamente la estancada mesa técnica del PNCAZ fue creada para imaginar otros ritmos y figuras para una conservación distinta y con respeto a los derechos humanos.

UICN comprando créditos de carbono del PNCAZ

Las organizaciones indígenas ya habían cuestionado en 2022 la presencia de la UICN como compradora de créditos de carbono de PNCAZ, donde en información adquirida mediante decisión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, CIMA se vio obligada a compartir información  de la Lista de compradores de créditos de carbono del proyecto REDD+ PNCAZ, y a través de la CARTA 129-2014-SERNANP-J, con fecha del 29-Octubre del 2014, se autorizó la venta a UICN de 10,172 créditos de carbono. En dichos cuestionamientos, kichwas pusieron en duda la imparcialidad de la UICN y su Lista Verde en cómo reconocer a un Parque con quien ya se había tenido una transacción comercial por créditos de carbono.

En esta reunión de Chazuta, y después de haberlo negado en una reunión virtual en julio del 2022, la UICN reconoció que efectivamente se habían comprado estos créditos, después de haber realizado una investigación interna y comentando del poco control a nivel regional para algún proceso que involucra a la UICN global. La compra fue hecha debido a que tienen unas políticas de mitigar sus huellas climáticas generadas por viajes internacionales de su personal y para que la organización llegue a un escenario de carbono neutral, estrategias que fueron socializadas recién con las y los dirigentes kichwas.

“Somos compradores de bono, sí, pero entendemos que ahora estos tienen un problema” dijo Quijandría, reflexionando también en la consideración los problemas asociados a los derechos humanos y cómo esta experiencia del PNCAZ podría aportar alguna potencial compra de UICN y la necesidad de mayores filtros partiendo de lo regional a lo global.

Alerta a la Lista Verde por caso del PNCAZ: Un proceso perfectible.

Parte importante de la reunión fueron las reflexiones de las y los dirigentes en torno a medidas concretas relacionadas con la inclusión del PNCAZ a la Lista Verde:

 

“¿Qué es lo que van a hacer desde la UICN con CIMA? ¿Le van a llamar la atención, le va a castigar o le va a premiar? Buena gobernanza no hay. Y a los dirigentes nos han declarado la guerra. Esperamos que más allá de la legalidad de un acto, puedan ver la legitimidad. Hemos tolerado 20 años y no estamos dispuestos a tolerar 20 más. Si no hay cambios, se va a generar un caldo de cultivo que va a romper” Wiler Saurin, vicepresidente de la CODEPISAM.

 

La UICN expuso de manera didáctica sobre el proceso que sigue un área protegida para ser considerada dentro de la Lista Verde. Dieron cuenta de la fase de candidatura y certificación, el carácter voluntario del mismo, y el rol de la UICN como un articulador entre los diferentes actores involucrados en la gestión de las áreas postuladas. En esta línea, explicaron también el rol del EAGL y de ASI como empresa aseguradora que monitorea el proceso.

Además, se revisaron las distintas fases por las que la Alerta de las y los kichwa ha pasado en casi 20 meses desde que fue enviada. Esta ha sido considerada la más compleja en la historia de la Lista Verde de la UICN por el nivel de detalle de las alegaciones presentadas y su necesidad de ser esclarecidas.

 

“Si bien el EAGL anda reuniéndose con actores del PNCAZ ¿qué va a pasar si el EAGL decide a fallar a favor de los que gestionan el Parque? Ya lo hizo. No se trata de yo te envío la información de manera virtual y ya. Preséntanos al EAGL, queremos conocerlos. Que nos entendamos. No está bien que nos hayamos enterado de todo el proceso en gabinete. No queremos que se repita la historia” Marisol García, presidenta de FEPIKECHA

 

La UICN también explicó la decisión de juntar la evaluación de la Alerta con el proceso de evaluación intermedio por el cual el PNCAZ debía de pasar. En reiteradas ocasiones durante la reunión, la UICN manifestó que su rol no es determinar la salida o permanencia de un área de la Lista, sino que esto queda en manos del EAGL.

Sin embargo, se informó que el EAGL determinó que bajo su propia gobernanza no se reuniría con las organizaciones indígenas (no lo hizo tampoco al momento de evaluar la candidatura del PNCAZ en la Lista Verde), lo cual fue cuestionado por las organizaciones indígenas al este organismo solamente intercambiar información con CIMA y SERNANP, pero no los denunciantes de la Alerta, algo que podría servir para otras Alertas a la UICN a considerar en un futuro próximo. Además, de que la UICN pueda asegurar una presencia de líderes y lideresas indígenas y representantes de comunidades locales en los EAGL de cada país para que efectivamente se pueda asegurar la legitimidad y voz en cualquier proceso.

Finalmente, la UICN reconoció que esta experiencia de la Alerta del PNCAZ deja grandes enseñanzas para la actualización del protocolo de la Lista Verde con miras a una conservación con respeto pleno por los derechos humanos.

Y es aquí además donde las organizaciones kichwa van marcando la pauta en temas de salvaguardas de proyectos REDD+ relegadas por el Estado peruano desde hace muchos años. Esto da cuenta del deficiente funcionamiento de Iniciativas Tempranas, específicamente sobre la transparencia y la rendición de cuentas de áreas protegidas y Proyectos REDD+ en el Perú, donde los dirigentes cuestionaron que lamentablemente en el caso del PNCAZ se está mercantilizando el sello o reconocimiento de la Lista Verde otorgado por la UICN para contratos de compra-venta de créditos de carbono. Un claro ejemplo es el contrato de Total Nature Based Solutions (de la petrolera Total Energies) y CIMA por 84.7 millones de USD, donde el primero le exige al segundo bajo cláusula contractual que el PNCAZ debe seguir siendo Lista Verde.

 

“Se venden bonos a empresas petroleras que contaminan el ambiente. Esperemos que no estemos coludidos con quienes compran y venden bonos de carbono. Se están agotando los recursos de conducto regular. Ustedes conocen bien el territorio. Existe mala práctica por parte del Estado peruano. Hoy si se habla de cambio climático por financiamiento que viene de la cooperación, ¿pero quiénes están exponiendo sus vidas para la defensa de los bosques? ¡Los pueblos indígenas!” – Wilfredo Tsamach, presidente de CODEPISAM

 

De esta manera, se debate la supuesta distribución de beneficios que debería tener el parque, y se enfatiza la necesidad de generar normativas y prácticas con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígena y con enfoque de justicia climática. Ante los diversos cuestionamientos de las y los dirigentes kichwa, el representante de IUCN mencionó:

 

“La conservación con respeto a los derechos es un principio que desde la oficina de Sudamérica respetamos plenamente (…) los procesos de mejora de la conservación no son procesos cerrados. Un espacio como este o el trabajo del estudio de caso han hecho un trabajo fuerte. Y esa cláusula “n” es algo que UICN recién se enteró a partir de la gestión de obtención del Contrato de CIMA-Total que realizaron ustedes, que da una perspectiva mucho más amplia de la realidad en la Lista Verde. Más aún en un proceso de recertificación. El proceso de gestión de la alerta va a ayudar a mejorar el proceso de la Lista Verde de manera global…” Gabriel Quijandría, Director Regional para Sudamérica de IUCN.

 

Las organizaciones kichwa esperan que al final la evaluación de la Alerta y la evaluación intermedia les dé la razón por las evidencias sólidas que han presentado, las persistentes vulneraciones de derechos de actores como CIMA y SERNANP dentro del período d evaluación, así como la información de primera mano que ha podido recoger la UICN y el EAGL en todo este tiempo de evaluación. En ese sentido, las aguas del río Huallaga de Chazuta quedan a la espera del EAGL de remediar un error histórico cometido con el PNCAZ en la Lista Verde, y así comenzar a enrumbarse para posicionar al Perú como referente global de un tangible modelo de conservación con respeto a los derechos humanos y teniendo a los pueblos indígenas como actores primordiales.

[1] Ver: https://digital.iucn.org/es/regiones/america-del-sur/lista-verde/