La amenaza de la criminalización

En 2017 se registró el mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Tras la muerte de Berta Cáceres en marzo de 2016(1), ha habido una mayor concienciación de la difícil situación de los defensores de los derechos humanos. Front Line Defenders (Defensores de Primera Línea) recibió información sobre el asesinato de 312 defensores, lo que supone una subida con respecto a los 281 del año anterior. Pero los asesinatos no son más que la punta del iceberg. Según el último informe anual de Front Line Defenders(2), una vez más la criminalización es «la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los/as defensores/as».

Las empresas pueden desempeñar una función clave en la mejora de la situación de los defensores de los derechos humanos, pero deben ser conscientes de la variedad de amenazas a las que se enfrentan dichas personas.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró un aumento de un 34 % en ataques a defensores en 2017, lo que incluye asesinatos, ataques violentos, amenazas de muerte, acoso, agresiones sexuales, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal, chantaje, ataques cibernéticos y criminalización. Muchos de estos ataques cambian la vida de quienes los sufren o incluso la amenazan.

Según tanto Front Line Defenders como el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, la principal amenaza para los defensores es la criminalización de ellos mismos o de su labor. La criminalización cubre un enorme abanico de acciones, entre ellas el acoso judicial, la detención por acusaciones falsas, la detención sin cargos, la ilegalización de las protestas pacíficas y el sometimiento de los defensores a innecesarios, largos y costosos procedimientos judiciales.

Theodorus Tekwan, un miembro de una comunidad Dayak de la parte indonesia de Borneo, fue arrestado y encarcelado sin cargos durante 109 días en 2014, tras oponer resistencia a la extracción de madera en la tierra ancestral de su comunidad(3). El arresto fue especialmente traumático.

«Oí un montón de botes viniendo, entonces los vi, un equipo entero de matones completamente equipado [...] Era como si estuvieran arrestando a un terrorista»(4).

La intención estaba clara: intimidar a la comunidad y forzarla a detener su lucha, y funcionó. Durante dos años después del arresto de Tekwan la comunidad desistió de oponer oficialmente cualquier tipo de resistencia(5).

Abusar del derecho penal para intimidar a los defensores es una estrategia común; ahora bien, es importante reconocer que la criminalización se usa contra los defensores con muchos objetivos. La criminalización podría utilizarse, por ejemplo, no para intimidar, sino para distraer a los defensores de su causa teniéndolos atados a procesos legales injustificados. Es posible que los defensores criminalizados se vean obligados a emplear desmesuradas cantidades de tiempo y dinero en las batallas en los tribunales, lo que les deja poco tiempo o recursos para su lucha original. Peor aún, algunos defensores de los derechos humanos que permanecen detenidos durante largos períodos de tiempo, como Tekwan, son físicamente incapaces de continuar su labor.

La criminalización consistente en inventar acusaciones penales suele formar parte de una estrategia más amplia destinada a desacreditar a los defensores. Con el fin de que sean vistos como personas indignas de confianza, de modo que sus opiniones sean más fácilmente desestimadas, es posible que los defensores sean objeto de campañas difamatorias. Las falsas alegaciones divulgadas a través de los periódicos, incluso si posteriormente son revocadas, pueden dañar gravemente la reputación de los defensores, y acabar por menoscabar a su capacidad para defender los derechos humanos.

El Gobierno de Kenia ha tildado a los integrantes del pueblo indígena Sengwer de ese país de «criminales y ladrones de ganado»(6) en un intento de justificar la continuación del desalojo violento de la comunidad de sus tierras ancestrales. A pesar de años de protesta por parte de los Sengwer, la UE solo suspendió su financiación para el proyecto WaTER (Agua) (un proyecto de protección de depósitos elevados de agua, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo) que se estaba desarrollando en territorio Sengwer, después de que el miembro de la comunidad Robert Kirotich fuera asesinado en enero. Los defensores indígenas de los derechos humanos, como los Sengwer, corren un riesgo mayor, ya que en muchos casos lo que se criminaliza es su forma de vida.

En la República Democrática del Congo un agente medioambiental disparó a un muchacho Batwa de 17 años llamado Christian Mbone Nakulire y su padre, Munganga Nakulire, mientras recolectan plantas medicinales en sus tierras ancestrales en el Parque Nacional Kahuzi Bièga en agosto. Christian murió y Munganga quedó gravemente herido. El asesino de Christian aún no ha sido juzgado.

El informe de Front Line Defenders también resalta el incremento en el uso de legislación antiterrorista contra los defensores de los derechos humanos. Las leyes de emergencia que se aprueban para legitimar poderes excepcionales con el fin de garantizar la seguridad nacional después de actos terroristas, o en previsión de estos, están siendo cada vez más utilizadas contra los defensores.

La propia Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, fue víctima de esta táctica a principios de 2017, cuando el Gobierno de su país natal, Filipinas, la calificó de terrorista en represalia por denunciar el tratamiento que recibían los pueblos indígenas Lumad.

A pesar de que los Gobiernos nacionales son los máximos responsables de hacer frente a la criminalización de los defensores de los derechos humanos, las empresas también pueden tomar medidas para mejorar la situación. Hace poco la Investor Alliance for Human Rights (Alianza de Inversores por los Derechos Humanos) recomendó públicamente una serie de medidas que las empresas deberían tomar inmediatamente; a saber:

• Evaluar la situación de los defensores de las libertades civiles y los derechos humanos en los países en los que las empresas desarrollan su actividad, identificando discrepancias entre las normas internacionales y la legislación y la práctica nacionales.
• Asegurarse de que sus compromisos políticos relacionados con los derechos humanos reflejan la crucial función que desempeñan los defensores a la hora de llamar la atención de las empresas sobre cuestiones de derechos humanos, y tienen en cuenta los riesgos que dichos defensores corren al hacerlo.
• Colaborar activamente con los defensores y con organizaciones de la sociedad civil de nivel popular a la hora de elaborar sus políticas de derechos humanos.
• Establecer e implementar procesos para la reparación de los efectos negativos para los derechos humanos en cualquier zona donde desarrollen su actividad(7).

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) está liderando el camino para apoyar a los defensores de los derechos humanos adoptando una política destinada a asegurar el anonimato y la seguridad de los defensores que hagan denuncias. La protección física debe ser un aspecto clave de esta política en vista del aumento de los ataques contra los defensores, y para garantizar que la presentación de una denuncia ante la RSPO no causa más daño al defensor, pero dadas las conclusiones de Front Line Defenders y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos presentadas aquí, la RSPO también debe ser consciente de la variedad de amenazas a las que se enfrentan los defensores, entre ellas la criminalización.

En 2016 el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos publicó un informe en el que se subraya la implicación de las empresas en la criminalización de dichos defensores en América Latina. La falta de imparcialidad de la judicatura es una cuestión clave, pero fueron las empresas las que iniciaron casi todos los procesos penales contra los defensores. Las empresas que se esfuerzan por cumplir las normas internacionales de derechos humanos deben tomar medidas atrevidas para desvincularse de estas acciones. Apoyando públicamente a los defensores de los derechos humanos, reconociendo la importancia de su función y adquiriendo fuertes compromisos políticos relacionados con los derechos humanos, las empresas pueden dejar claro a los Gobiernos nacionales y a otros implicados que ellas no apoyan las represalias contra los defensores.

[1] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am

[2] https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017

[3] http://www.forestpeoples.org/es/legal-human-rights/informe/2017/la-proteccion-de-los-defensores-de-los-bosques

[4] http://www.forestpeoples.org/es/legal-human-rights/informe/2017/la-proteccion-de-los-defensores-de-los-bosques

[5] Afortunadamente desde entonces han reanudado su lucha y recientemente han logrado que se detenga la explotación forestal en su tierra: http://www.forestpeoples.org/es/rights-land-natural-resources/nota-de-prensa/2018/long-isun-canta-por-fin-victoria

[6] https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR3278682018ENGLISH.pdf

[7] https://www.iccr.org/sites/default/files/resources_attachments/investor_alliance_for_human_rights_hrds_sign-on_final04.23.18.pdf