La lucha kichwa por una conservación y un mercado de carbono que respeten a los pueblos indígenas se hizo presente en el IX Foro regional de empresas y derechos humanos en Brasil

Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe en IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en São Paulo – Brasil, abril 2025. Créditos: Caucus Indígena 

El apu Nixon Vásquez, de la comunidad nativa Chambira, llevó al IX Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos una denuncia contundente: los proyectos REDD+ y las áreas naturales protegidas siguen avanzando sin consulta ni transparencia, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. La voz del pueblo kichwa se hizo oír en Brasil para exigir justicia climática para su territorio, respetando su autonomía y autodeterminación. 

Del 9 al 11 de abril de 2025, se llevó a cabo el IX Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con un enfoque temático sobre “El respeto a los DDHH: Debates en torno al rol de las empresas y el Estado para una debida diligencia con las personas y el ambiente en el centro”. 

En dicho espacio, Nixon Vásquez Vilcherres, apu de la comunidad nativa Chambira, del pueblo indígena Kichwa en la región San Martín, participó en un evento llamado “Diálogo interactivo: Bonos de Carbono en la Amazonia: Desafíos en DDHH y eficacia en la acción climática”.  

Su participación también se hizo en nombre de su federación indígena representativa, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), y por las comunidades kichwa hermanas de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM) y de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA). De forma colectiva, todas ellas han emprendido una lucha por recuperar sus territorios afectados por áreas naturales protegidas y el voraz mercado de créditos de carbono (REDD+). 

En ese contexto, el apu Nixon participó de este intercambio, que reunió experiencias de tres países amazónicos: Brasil, Perú y Colombia. Además, en el evento se buscó exponer los retos que emergen a causa del mercado de créditos de carbono en la Amazonía, y así reflexionar sobre la necesidad de garantizar, por un lado, la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y, por otro, cuestionar la efectividad de estos mecanismos de mitigación al cambio climático. 

En el diálogo participaron también Julián Gutiérrez, Investigador de la organización Dejusticia en Colombia; y Elisa Morgera, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

Durante su presentación, el apu Nixon brindó el contexto de un modelo de áreas naturales protegidas que han sido creadas sin consentimiento previo, libre e informado sobre bosques de comunidades kichwa, como el caso de Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), y un Proyecto REDD+ funcionando sobre este andamiaje estructural de despojo.  

“El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado el 2001 y fue sin hacer la consulta de las comunidades nativas que existían dentro del área. Desde el año 1995, el Estado peruano tenía que hacer la consulta a comunidades y caseríos que existían dentro del ANP. Pero el Parque hizo caso omiso a eso”, mencionó el apu Nixon. 

Asimismo, comentó que el proyecto REDD+ del PNCAZ nunca tuvo una socialización ni consulta, operando desde el 2008 sin transparencia y rendición de cuentas, y que, con tal de querer legitimar socialmente su presencia, el Parque y su proyecto REDD+ usan la estrategia de dividir a las comunidades y al movimiento kichwa. 

“Hicimos un seguimiento al SERNANP y la petrolera Total Energies había dado 84,7 millones por créditos de carbono. Desde el 2022 pedimos la información y el Parque se niega a darnos. (…) Llegan a las comunidades diciendo querer trabajar, formar comités y asociaciones, para dar el visto bueno a nivel mundial, para decir que trabajan con las comunidades, (…) ellos buscan dividir a las comunidades para que nosotros no digamos nada sobre nuestros territorios que tenemos dentro de esa ANP”, dijo el apu Nixon.

Sumado a ello, durante su presentación recordó cómo frente a la iniciativa de diálogo planteada por las comunidades kichwa y sus federaciones en el 2022, se encontraron con un Estado insensible y con el único interés de imponer su agenda por sobre el reclamo principal de la recuperación de territorios indígenas. 

El apu exigió también al Ministerio del Ambiente (MINAM) asumir un rol fuerte en sancionar a los proyectos REDD+, que por años vienen violando derechos indígenas en el país, situación que no ha quedado clara pese a que el MINAM, con un retraso de más de una década, sacó el 2024 sus salvaguardas REDD+ y su registro de medidas de mitigación. 

Por su lado, Julián Gutiérrez alertó de la expansión del mercado de carbono en la Amazonía, en un contexto de ausencia de marcos normativos robustos para su adecuada fiscalización:  

“En los últimos años, la Amazonía se ha convertido en el principal territorio de implementación de este tipo de proyectos. (...) Hay una falta de regulación y una captura institucional. Encontramos que, de alguna manera, estos mercados se desarrollan sin control ni un marco legal robusto ni una institucionalidad que esté en el interés tampoco de hacer seguimiento, pero que tampoco hay diálogo con los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas”, dijo Julián Gutiérrez. 

Por su lado, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático remarcó la existencia de violaciones de los derechos humanos por los mercados de carbono, que, a veces, están conectadas con la conservación de fortaleza, como sucede en la creación de ANP.  

Además, rescató el llamado del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para una moratoria sobre los mercados de carbono hasta que cada país no tenga un marco jurídico necesario para proteger los derechos humanos, en un escenario caracterizado por retrasos en la demarcación de territorios indígenas.   

Finalmente, cuestionó el oscurantismo desde el que operan estos mercados de carbono. 

“No sabemos de estos mercados, la cuestión de acceso de información para los pueblos indígenas y para cada uno de nosotros. Estos mercados van a permitir a los mayores emisores de gases de efecto invernadero seguir con sus actividades que nos han llevado al cambio climático en primer lugar. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de financiamiento proponen?”, dijo Elisa Morgera.