Los pueblos indígenas y las ONG instan a la ONU a centrarse en los impactos que tienen las instituciones financieras multilaterales en los derechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar las normas de derechos humanos, acaba de finalizar una reunión en Ginebra. Un grupo de organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales ha presentado al Consejo una declaración en la que le insta a considerar urgentemente las obligaciones de las instituciones financieras multilaterales en lo que se refiere a los derechos humanos y a proporcionar orientación al respecto. Dado que dichas instituciones están examinando y actualizando sus sistemas de salvaguardia, se trata de un asunto de crucial importancia. 

Las organizaciones firmantes señalan que muchas de estas instituciones financieras multilaterales «consideran que los derechos humanos son un asunto político que compete a los Estados, y se niegan a aceptar que tienen, como mínimo, la responsabilidad de asegurar el respeto de estos derechos en las actividades que apoyan» (traducción no oficial). Esta posición es inconsistente con el consenso mundial sobre el desarrollo, por ejemplo, tal y como está expresado en la declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y en la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las cuales enfatizan que el respeto de los derechos humanos es fundamental en las actividades e iniciativas de desarrollo. 

Las instituciones financieras multilaterales son organizaciones establecidas por Estados, y que permanecen bajo el control de los mismos. Esos mismos Estados tienen obligaciones directas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, tanto bajo las leyes que han ratificado como bajo las normas consuetudinarias internacionales. Como señala la declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos: «El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha declarado sistemáticamente que entre las obligaciones de los Estados que son partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) se incluye emprender acciones estatales como parte de organizaciones intergubernamentales» (traducción no oficial).

Para responder adecuadamente a los requisitos del cumplimiento de sus propias obligaciones de respetar las normas de derechos humanos, la declaración propone que estas instituciones creen instrumentos y procesos de diligencia debida para los derechos humanos que ayuden a asegurar que sus inversiones no dan lugar a violaciones de dichos derechos. 

Ahora corresponde a la ONU proporcionar orientación a estas instituciones para asegurar que sus políticas y operaciones respetan los derechos humanos. 

Para leer la declaración completa dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (solamente en ingles), haga clic aquí.