Perú se compromete a respetar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos en su plan para los bosques y el clima, pero ¿cumplirá su promesa?

El 2 de agosto de 2013 una serie de organizaciones indígenas y representantes del Gobierno de Perú llegaron a un acuerdo para modificar aspectos controvertidos del anteproyecto del Plan de Inversión del Programa de Inversión Forestal (PI-FIP) del Gobierno, una iniciativa financiada por el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial para afrontar la deforestación. El plan iba a ser presentado ante el subcomité del FIP del Banco Mundial en octubre de 2013 pero el borrador fue rotundamente denunciado por organizaciones indígenas en julio, ya que seguía ignorando las propuestas indígenas e incumplía las obligaciones legales de Perú de respetar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos así como las políticas de salvaguardia del propio Banco Mundial. 

El borrador proponía medidas que habrían llevado a la expansión y preferencia por concesiones madereras a gran escala, plantaciones de palma de aceite y áreas protegidas, muchas de las cuales se habrían solapado con tierras consuetudinarias de pueblos indígenas desencadenado conflictos. Al mismo tiempo el plan incumplía la promesa anterior del Gobierno de asignar fondos suficientes para reconocer más de 20 millones de hectáreas de pueblos indígenas en solicitudes de título de propiedad pendientes, y de garantizar que la implementación de la estrategia nacional de REDD no perjudicaría aquellas tierras que siguen sin ser reconocidas legalmente.

Estas protestas de organizaciones indígenas dieron lugar a la suspensión de un proceso oficial de consulta y a la celebración de una reunión histórica en Lima, a la que asistieron más de 40 representantes regionales y nacionales de pueblos indígenas. Se lograron más de tres docenas de acuerdos específicos para modificar el texto con el fin de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos, así como para abordar problemas subyacentes del sector forestal que contribuyen a la explotación forestal ilegal y a la deforestación. Algunos de los acuerdos más notables fueron los siguientes:

• Garantizar que el PI-FIP no afectará a los territorios indígenas, tengan o no títulos de propiedad.
• Asignar 7 millones de dólares americanos para iniciar el reconocimiento de solicitudes pendientes de títulos de propiedad de tierras indígenas. 
• Retirar propuestas para establecer y/o apoyar áreas de conservación regionales (p. ej. Cerro Escalera Chawi), que se solapen con tierras de pueblos indígenas.
• Garantizar que el PI-FIP no incluirá medidas que promuevan el establecimiento de concesiones privadas de conservación en tierras indígenas.
• Retirar propuestas para promover el establecimiento de nuevas plantaciones de palma de aceite y asegurar la introducción de un reglamento adecuado para supervisar las plantaciones existentes.
• Asignar 4 millones de dólares americanos para  apoyar la gestión forestal por parte de las comunidades.
• Asignar 3,5 millones de dólares americanos para  apoyar una mejor supervisión forestal y una mejor aplicación de las leyes forestales dentro de las comunidades indígenas. 
• Incluir a las organizaciones indígenas nacionales (AIDESEP y CONAP) en el Comité Directivo del PI-FIP de Perú que supervisa la implementación de proyectos del FIP.
• Realizar una evaluación independiente de las concesiones madereras existentes.
• Apoyar estudios minuciosos que permitan identificar las causas subyacentes de la deforestación en Perú.

Estos compromisos han sido alcanzados gracias a las enérgicas intervenciones y la presión realizada ante el gobierno por parte de las de organizaciones de pueblos indígenas de Perú (principalmente AIDESEP) desde 2010, ya que ninguno de los borradores de propuestas del Gobierno reflejaba las preocupaciones de dichos pueblos ni respetaba sus derechos, y ni siquiera cumplía con sus compromisos anteriores de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Estas promesas del PI-FIP siguen a otras obligaciones importantes adquiridas por el Gobierno peruano en su plan de preparación de REDD (RPP). Dicho plan fue respaldado por el Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial en 2011, tras un proceso similar en el que se ignoraron continuamente las aportaciones de pueblos indígenas hasta la víspera del día en que el Banco Mundial lo iba a examinar, fecha en que se alcanzaron 15 acuerdos clave con AIDESEP.

Estos compromisos adquiridos por el órgano rector del FCPF incluyen promesas de reformar la legislación territorial nacional para que concuerde con la obligación internacional de respetar las tierras tradicionales de los pueblos indígenas (actualmente las leyes peruanas solo respetan las tierras si los indígenas tienen “títulos de propiedad”, y no reconocen adecuadamente los derechos de propiedad colectiva sobre tierras forestales no agrícolas).

A pesar de este avance, todavía no se han puesto en práctica los compromisos de 2011, lo cual plantea más dudas sobre la intención del Gobierno peruano de implementar las reformas, ya que la versión final del RPP de Perú sigue sin ser publicada. 

En una declaración hecha pública el 8 de agosto de 2013, inmediatamente después de alcanzar esos acuerdos, AIDESEP resaltó que aún había que finalizar otros acuerdos sobre mecanismos para asegurar que los indígenas administran y supervisan los 14,5 millones de dólares americanos asignados a componentes del PI-FIP relacionados con pueblos indígenas, así como sobre medidas para asegurar «la acreditación, supervisión y sanción de promotores de carbono, y en especial de los “piratas del carbono”». 

AIDESEP recalca que «el proceso no ha terminado y la unidad, vigilancia y capacidad propositiva debe mantenerse hasta que del papel se pase a la realidad concreta [...] se lograron 15 acuerdos y el RPP se modificó y mejoró…..pero aún no se implementa. Hoy agregamos 40 acuerdos más, y esperamos no ocurra lo mismo. Que pase el tiempo y todo quede en el papel».  

Noticias de última hora:

A pesar de estos acuerdos, un borrador posterior del Plan de Inversión Forestal fue publicado el 17 de septiembre de 2013.  Sin embargo, dicho plan todavía dejaba por fuera ciertos acuerdos, aunque se mantenían intactos los elementos más importantes. Como resultado, AIDESEP se encuentra de nuevo en diálogos intensos con el gobierno, para  asegurarse de que todos los acuerdos en materia de derechos estén debidamente incluidos en la versión final del Plan de Inversión Forestal. A este respecto, también elaboró una carta al FIP protestando porque el último borrador “no incluyó algunos puntos ya acordados… e incluye textos nuevos nunca antes discutidos”. En consecuencia, pide la inmediata rectificación de estos cambios, y la garantía de que esto no se repita, por medio de  la inclusión de las organizaciones indígenas en la fase de diseño e implementación de todos los proyectos del FIP, , y su participación como observadores en la reunión del Subcomité del FIP el 30 de octubre de 2013 en Washington DC. Si no hay garantías sólidas que salgan de los diálogos actuales esta carta de denuncia será comunicada al FIP y a otros lugares.