“¿Hasta cuándo vamos a defender nuestro territorio a cambio de nada?” ONU reitera recomendación al Estado peruano de proteger derechos territoriales de pueblos indígenas en el Parque Nacional Cordillera Azul

Recomendaciones y solicitudes del CERD al Estado peruano

En su carta, el CERD subraya la necesidad de que el Estado peruano cumpla con sus reiteradas recomendaciones sobre la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

 

“El Comité desea reiterar al Estado Parte sus recomendaciones anteriores (CERD/C/PER/CO/22 a 23), en particular con respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos. El Comité recomienda al Estado Parte que garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos en condiciones de plena seguridad, incluso mediante el reconocimiento y la protección jurídica necesarios de conformidad con las normas internacionales. Alienta además al Estado Parte a que vele por que se consulte a los pueblos indígenas sobre todas las medidas administrativas y legislativas que puedan afectar a sus derechos, con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado, teniendo en cuenta las tradiciones y características culturales de cada pueblo, y que tales consultas se lleven a cabo de manera sistemática e ineludible, en un tiempo oportuno y razonable, proporcionando información suficiente y apropiada a los pueblos indígenas consultados.”

Dado que parte del PNCAZ está habitado por pueblos indígenas Kakataibo en aislamiento voluntario, el CERD también “recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos para asegurar la protección y supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial.”

 

Finalmente, el CERD solicita al Estado peruano que “proporcione información actualizada y detallada en sus próximos informes 24° y 25° combinados en un solo documento, el cual debió ser presentado el 29 de octubre de 2022, sobre las medidas adoptadas para responder a las preocupaciones respecto del impacto del establecimiento del Parque Nacional Cordillera Azul y la implementación del proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques” (REDD+) en los pueblos indígenas Kichwa y Kakataibo”.

Ante ello, Samuel Pinedo, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) señala lo siguiente,

 

“Me parece interesante la oportunidad de que de alguna manera se llame la atención al Estado peruano, pues ellos buscan despistar, desfasar nuestros pronunciamientos y lo que venimos buscando. Actualmente se busca dividir. Nosotros queremos que no sea un simple llamado de atención, si no que se haga prevalecer los derechos territoriales y colectivos, pues SERNANP no quiere armar planes de incidencia básica. Ellos dicen que estamos bien, que se está invirtiendo plata, pero ¿dónde está esa plata? Queremos que nos tengan en consideración basada en nuestra cultura y lineamientos originarios.”

 

Asimismo, Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA) menciona lo siguiente:

 

“Nosotros defendemos al cien por ciento de nuestra existencia, dependemos de nuestro territorio. Los derechos y convenios están mucho antes que las ANPs. Ellos dicen que hay normativa de ANPs que no podemos romper, pero realmente la protección de los bosques lo hacemos los pueblos indígenas, no el MINAM ni ONGs que tienen contrato de administración del PNCAZ, pues solo hacen administración de gabinete porque no conocen el territorio. Ante la exclusión de no atender necesidades básicas, lo único que queremos es que nos reconozcan. No queremos que se anulen ANPs, pero sí que reconozcan que hacemos el trabajo de defensa del bosque y la biodiversidad. No está bien que el Estado no cumpla con los convenios firmados. Al final somos los seres humanos que gozamos como seres vivos. No pueden chancar un derecho, las ANPs se superponen a un derecho territorial de pueblos indígenas. No protegen los bosques, si no lucran con ellos, pues no se ha hecho estudios correspondientes ya que no se ha frenado las estadísticas de tala, deforestación y amenazas hacia defensores ambientales. La crisis climática está aumentando y es necesario trabajar de manera articulada. No basta que nos atiendan con proyecto, sino que se necesita una gestión equitativa con pueblos indígenas. Y que se reconozca con transparencia esos beneficios que se ganan.”

 

Desprotección estatal y muerte para defensores del pueblo Kichwa en San Martín

Esta comunicación más reciente del CERD salió a tan solo una semana del asesinato del líder Kichwa Quinto Inuma Alvarado, de la comunidad Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc y cuyas tierras se encuentran en la llamada zona de amortiguamiento del PNCAZ. Las serias demoras en la titulación de los territorios del pueblo Kichwa ha dejado a estas comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad, expuestas e incapaces de defenderse de la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico sin que haya habido consecuencias legales para los responsables.

Durante la misma semana que fue asesinado Quinto Inuma, líderes del pueblo Kichwa estaban en Lima para continuar impulsando procesos de incidencia para la demarcación y recuperación de sus tierras superpuestas por el Parque Nacional Cordillera Azul. Allí sostuvieron diálogos con representantes de la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria (DIGESPACR), asesores de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de Perú y la Defensoría del Pueblo, siendo un punto clave de su agenda la negativa del SERNANP de implementar la Resolución Ministerial 136-2022-MIDAGRI, que permite la demarcación de tierras indígenas dentro de áreas naturales protegidas, facilitando la protección de los derechos territoriales del pueblo Kichwa. 

Al respecto, la presidenta de la FEPIKECHA declaró lo siguiente:

 

“Ante el asesinato de defensores, el Estado hace que nos asesinen a causa de la exclusión, pues en un país de muchas culturas el Estado no nos reconoce. Somos uno mismo con el territorio, no somos un extra… ¿Hasta cuándo vamos a defender nuestro territorio a cambio de nada? Es necesario aportar a la efectiva defensa de nuestro territorio, integridad, vida. Ellos tienen una deuda histórica por despojarnos de nuestro territorio, se nos ha arrebatado algo que no hemos pedido que se nos quite, ahora estamos pidiendo que se nos devuelva”.

 

La desprotección estatal hacia los pueblos indígenas y sus territorios no son hechos aislados, sino que es parte de un andamiaje institucional que no respeta los derechos colectivos sobre tierras ancestrales. Claro ejemplo de ello es la lucha que ha seguido la comunidad kichwa Puerto Franco por el reconocimiento de su territorio, el cual actualmente tiene al PNCAZ superpuesto. El Estado creó esta área natural protegida sin obtener el consentimiento previo, libre e informado, violando los derechos territoriales de las comunidades del pueblo Kichwa  y otros pueblos indígenas a cuyos territorios se superpone. Por ello, la comunidad junto a su organización regional el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), iniciaron un proceso legal en 2020 para la restitución de sus derechos territoriales. Si bien una primera sentencia declaró fundada su demanda, actualmente el proceso sigue debido a la apelación de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la ONG Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) (quien tiene la actual administración del PNCAZ).