Resistencias y Persecución en los Tiempos del Cólera

Forest Peoples Programme (FPP) reiterando su preocupación por el debilitamiento del estado de derecho, así como por la continua, estructural y sistemática vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte del Gobierno colombiano, en especial en contra de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Manifiesta su preocupación por las diversas formas de represión estatal en respuesta a la exigencias surgidas a partir del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, y atendió el llamado urgente realizado por diversas organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos  y participó de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, realizada entre el 3 y 12 de julio de 2021, recopilando testimonios y antecedentes que configuran concretas y fundadas denuncias de la represión de la protesta social, incluyendo la violencia y los asesinatos indiscriminados de manifestantes por parte de agentes del Estado, como en la masacre del 3 de mayo en el barrio Siloé de la ciudad de Cali, todos antecedentes que se dieron origen al presente informe.

Lea el informe

El informe detalla las denuncias sobre transgresiones perpetradas por el Estado incluyendo su aquiescencia en la perpetración de alegados ilícitos por parte de empresas, todo esto con un especial foco en las afectaciones de derechos fundamentales que ha afectado a grupos son garantías reforzadas como lo son las personas afrodescendientes, indígenas y defensoras de derechos humanos, visibilizando la existencia de medidas regresivas que socavan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades negras de controlar sus territorios y el consentimiento libre, previo e informado.

Finalmente, el informe también incluye recomendaciones destinadas a que el Estado aborde urgentemente estas acusaciones y aplique sólidos marcos de debida en la persecución y sanción de tales hechos garantizando su no repetición, asi como a las instituciones financieras internacionales, los inversionistas, y las empresas a abstenerse de autorizar inversiones en un país con graves cuestionamientos a su estado de derecho e institucionalidad democrática, especialmente mientras se mantengan las serias vulneraciones a las libertades fundamentales y su ejercicio en el espacio cívico.