FPP insta a Colombia a proteger la vida de activista afrodescendiente

La activista colombiana afrodescendiente Clemencia Carabalí Rodellaga ha trabajado incansablemente para asegurar que los derechos de su pueblo se respeten, y sobre todo los derechos de las mujeres y de las niñas. Este trabajo comunitario valioso -que abarca varias municipalidades en el norte del Cauca- ha provocado recientemente graves amenazas contra su vida, y contra la de sus hijos.

Como aliado de largo plazo del Palenke Alto Cauca y las Comunidades Negras de las municipalidades donde trabaja Clemencia, el Forest Peoples Programme ha escrito una cartainstando a la Unidad Nacional de Protección en Colombiaa que brinde a Clemencia los niveles más altos posible de protección, para que pueda continuar con su importante labor. Ella no quiere exiliarse de su territorio ancestral, lo que es la meta fundamental de las amenazas que ella y otros integrantes de su organización, la Asociación Municipal de Mujeres (ASOM), han recibido.

De hecho, a pesar de la firma de los Acuerdos de paz en 2016, el número de asesinatos y amenazas contra líderes sociales ha incrementado en los últimos meses, y los y las líderes indígenas y afrodescendientes que viven en regiones aisladas y rurales son las poblaciones que se ven más afectadas. El informe anual de 2017 del programa “Somos Defensores” calcula que un líder social ha sido asesinado cada tres días desde la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. El jueves pasado,día 5 de julio, el defensor de Colombia presentó un informe de alerta temprana actualizandosus cifras informando que desde enero del 2016, 282 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia.Además, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ha calculado que desde la firma de los Acuerdos de paz, las personas indígenas han sido víctimas de 59 asesinatos, 153 amenazas, 5,112 desplazamientos forzados en masa, 8,238 casos de confinamiento, nueve casos de tortura, 25 reclutamientos forzados y 19 asaltos, lo que da un total de 13,615 violaciones contra los derechos humanos.

Esta situación alarmante ha resultado en varias declaraciones públicas condenandola situación por la Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia, además de la Relatora Especial de las ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien declaró lo siguiente:

“Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia, el país ha visto un incremento alarmante de violencia hacia, y el asesinato de, líderes sociales, indígenas y de derechos humanos. Más de 100 personas han sido asesinados hasta la fecha en 2018, con 19 asesinados solo en el último mes [junio]. No se puede permanecer callados frente a esta situación de derechos humanos cada vez peor. Junto mi voz a los que están instando al gobierno colombiano a tomar acción urgente para evitar la matanza de líderes indígenas y de derechos humanos.”  

El día 6 de julio, vigilias bajo la luz de velasse realizaron por toda Colombia para honrar a las víctimas del conflicto armado interno que permanece, y para resaltar la falta de rendición de cuentas por parte del Estado en cuanto a estas atrocidades tras una semana particularmente violenta de asesinatos. Los y las líderes sociales temen que habrá aun más violencia a futuro mientras el nuevo presidente conservador Iván Duque se instale en agosto.

Clemencia forma parte de un grupo de muchos defensores de derechos humanos que están en situación de riesgo a causa de la campaña por sus tierras ancestrales. Comunidades y organizaciones sociales que se ven afectadas en Colombia, junto con aliados como FPP, han desafiado la impunidad de personas y intereses vinculados con el asesinato de Fernando Salazar Calvo, un líder indígena de Embera Chami y miembro del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, asesinado el 7 de abril 2015 por sostener la ley indígena alrededor de la minería aurífera en su territorio ancestral.