“La amenaza de muerte es fuerte y latente”. Los actores no estatales deben intervenir para proteger a los defensores de los derechos humanos cuando los Estados no lo están haciendo

Los defensores de los derechos humanos, los denunciantes y los testigos hacen frente a una gran variedad de peligros mientras luchan por exponer las violaciones de derechos humanos y el uso ilegal de los recursos, el acaparamiento de tierras y la corrupción que las acompañan. Informes recientes muestran que los defensores enfrentan riesgos cada vez mayores,  y que los mecanismos  de protección actuales no están avanzando a un mismo ritmo. La dependencia en los esquemas nacionales de protección, a menudo débiles o inexistentes,  deja a los defensores de los derechos vulnerables. Cuando los Estados no están cumpliendo con su deber de proteger a los defensores se requiere la intervención de los actores no estatales.

En 2016 Global Witness documentó más de 200 muertes de defensores en todo el mundo, siendo esto un número récord. La organización Front Line Defenders  registró 281 asesinatos en un mismos año, de los cuales casi la mitad eran defensores luchando por los derechos indígenas, a la tierra, y ambientales. Dado que muchos de los asesinatos no se denuncian, estas cifras probablemente subestiman la realidad de los defensores en todo el mundo.

En 2017, los defensores de derechos humanos están siendo asesinados a un ritmo alarmante. En Colombia, a pesar de la disposición de un programa de protección nacional encargado de proteger a las personas amenazadas, la realidad que enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas de los derechos a la tierra y los líderes sociales es alarmante. A finales de noviembre Mario Castaño Bravo, un activista de los derechos a la tierra y líder de la comunidad Madre Unión y del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, fue asesinado frente a su familia a pesar de contar con el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, horas después de que sus escoltas de seguridad lo dejaran en su casa. Hernán Bedoya, un defensor de la tierra y líder de la comunidad de Bijao Onofre, fue asesinado poco después, el día 8 de diciembre de 2017. Hernán había recibido un chaleco antibalas y un teléfono celular de la Unidad de Protección luego de haber recibido amenazas de muerte persistentes, pero dos hombres armados se acercaron lo suficiente como para dispararle desde una motocicleta. Tanto Hernán como Mario aseguraron sus tierras nuevamente luego de largas luchas para obtener una reparación, y los dos ayudaron a otros campesinos desplazados para obtener una restitución de tierras. De manera pacífica desafiaron  a las empresas  poderosas de la palma aceitera, la ganadería y las plantaciones bananeras, y las denunciaron por el acaparamiento de las tierras de los campesinos desplazados. Como resultado recibieron múltiples amenazas de muerte, y desgraciadamente, a pesar de la protección del Estado, ambos están muertos.

Willian Aljure, otro defensor colombiano, y miembros de su familia han intentado regresar a sus tierras en el municipio de Mapiripán, luego de la llegada de la empresa de la palma de aceite y miembro de la RSPO, Poligrow. Willian fue víctima durante años de la vigilancia y las amenazas violentas por parte de grupos paramilitares antes de que finalmente se le otorgara la protección estatal por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, el compromiso de confidencialidad del guardaespaldas asignado fue bastante dudoso, provocando un riesgo aún mayor para el defensor. Es así como surgieron sospechas de corrupción o de mal manejo de fondos públicos por parte de la UNP cuando el guardaespaldas asignado se negó a acompañar al defensor en ciertos viajes debido a la supuesta falta de recursos, aunque se había asegurado a la víctima la asignación de fondos para su protección. Luego de quejas prolongadas, declaraciones repetidas a las autoridades e investigaciones oficiales a la UNP por parte de la embajada británica y la delegación de la UE en Colombia mejoraron, afortunadamente, las medidas de protección. No obstante, las lagunas y defectos subyacentes en el marco nacional de protección en Colombia siguen siendo un problema común a nivel nacional.

Los defensores de los derechos humanos en todo el mundo enfrentan una gran variedad de amenazas a sus derechos y seguridad física, incluyendo: ataques violentos, amenazas a sus familias, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal, restricciones de viaje, chantaje, violencia sexual, acoso judicial y asesinato. Frecuentemente los defensores sufren varias de estas amenazas antes de ser asesinados, pero la realidad es que sin contar con el acceso a una protección adecuada a menudo son incapaces de detener la intensificación del peligro.

Los líderes y representantes de la comunidad Shipibo en Santa Clara de Uchunya, Perú, siguen enfrentando amenazas de muerte siniestras y acoso debido a sus protestas contra las operaciones de los agronegocios manejadas por la empresa  peruana de aceite de palma Ocho Sur SAC (conocida anteriormente como Plantaciones de Pucallpa). Estas operaciones han resultado en la apropiación de tierras y el desmonte de más de 6000 hectáreas de bosques comunitarios sin su consentimiento. Estas no son amenazas vacías. En septiembre de 2017 seis campesinos  en un asentamiento vecino fueron asesinados como resultado de un conflicto aparente con grupos traficantes de tierras con conexiones importantes con las operaciones de los agronegocios. Robert Guimaraes Vásquez, de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y afluentes (FECONAU) que representa a la comunidad, describió la amenaza de muerte como “fuerte y latente”. Él ha solicitado la protección de la policía, pero a pesar de que estas solicitudes se presentaron hace más de tres meses, las decisiones siguen pendientes. Un miembro de la comunidad recibió la aprobación de su solicitud en agosto de 2017, pero aún no ha sido puesta en práctica.

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas dejan en claro que es el deber de los Estados proteger a los defensores de los derechos humanos, pero los esquemas nacionales de protección a menudo son inexistentes o solo existen en el papel. Si dichos esquemas se encuentran disponibles sufren frecuentemente de una falta de recursos, son pobremente diseñados o son increíblemente lentos para reaccionar, exponiendo a los defensores a mayores riesgos. 

Muchos esquemas de certificación voluntarios de múltiples partes interesadas proporcionan procedimientos de quejas o “mecanismos de reparación no judiciales” para aquellos cuyos derechos han sido violados por miembros de dicho esquema. Desafortunadamente, la presentación de una queja puede ocasionar el aumento de la violencia o de la intimidación hacia en demandante, bien sea por parte de la empresa misma o de los habitantes perjudicados que apoyan su trabajo. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) está liderando el camino entre los esquemas de certificación voluntarios para desarrollar un protocolo que proporcione anonimato y protección a los denunciantes, demandantes, defensores de los derechos humanos y voceros de la comunidad. Tales políticas son esenciales para la credibilidad de estos mecanismos, ya que sin estos compromisos los defensores pueden efectivamente ser disuadidos de hablar y denunciar. El protocolo de la RSPO, que debía haber sido adoptado a mediados de 2017, se encuentra en sus etapas finales de promulgación. La falta de rendición de cuentas en el pasado por el incumplimiento  de las empresas, como por ejemplo en el caso de Santa Clara de Uchunya en donde Plantaciones de Pucallpa simplemente retiró su membresía de la RSPO cuando se hizo evidente que el panel de quejas dictaría sentencia a favor de la comunidad, significa que la RSPO debe ser extremadamente cuidadosa de que este nuevo protocolo garantice que las empresas efectivamente rindan cuentas.

Deben abordarse las deficiencias en los esquemas nacionales de protección y los mecanismos de rendición de cuentas. Al mismo tiempo los métodos de protección necesitan ser diversificados de manera urgente para detener el aumento de los asesinatos  de los defensores de los derechos humanos. Los actores no estatales, las empresas y las iniciativas de múltiples partes interesadas, deben comenzar a analizar qué pueden hacer para llenar los vacíos que dejan los Estados que no pueden o no quieren proteger a sus ciudadanos, que son lo suficientemente valientes como para expresar su opinión.

Por favor tenga presente: algunos de los individuos a las que se hace referencia en este artículo prefieren permanecer anónimos por razones de seguridad

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