La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.

El marco y la estrategia destacan la necesidad de una « un marco normativo y reglamentario propicio» que, entre otras cosas, proporcione claros derechos territoriales para las comunidades locales y los pueblos indígenas, sistemas claros y normalizados de negociación entre empresas y agricultores, capacitación para que los agricultores puedan negociar acuerdos favorables, y mecanismos de resolución de conflictos para tratar con disputas especialmente por la tierra, deudas y acuerdos con pequeños agricultores. También instruye al personal del GBM para que evalúe la capacidad del gobierno pertinente para administrar adecuadamente las tierras, y exige al personal de la CFI que utilice una herramienta especial de escrutinio para asegurarse de que los marcos nacionales son adecuados, antes de invertir en el sector. Alienta encarecidamente a las empresas clientes a observar las normas de la RSPO. Cuando la nueva estrategia fue puesta en marcha con gran pompa, la CFI también anunció que pronto adoptaría un planteamiento similar para todo el sector de los agronegocios.

Desde 2011 la CFI ha dejado prácticamente de invertir en grandes empresas de aceite de palma (aunque está considerando tres solicitudes) y sus esfuerzos se han centrado en cómo canalizar fondos hacia el sector a través de intermediarios financieros, al mismo tiempo que asegura disposiciones justas para los pequeños agricultores. Eso ha planteado dudas que por el momento no han sido aclaradas sobre cómo se van a aplicar el nuevo marco y la nueva estrategia a los intermediarios financieros, y cómo el personal del Grupo del Banco Mundial va a evaluar el cumplimiento de las normas por parte de los clientes y el desempeño de tales préstamos. Desanimado por esas incógnitas y las restricciones impuestas a los préstamos, el GBM ha dado marcha atrás en la aplicación del planteamiento adoptado para el aceite de palma a otros cultivos, aunque los riesgos de la apropiación de tierras para los pueblos indígenas y las comunidades locales que presentan otros agronegocios no son muy diferentes a aquellos planteados por el aceite de palma.

Otro resultado importante del caso de Wilmar es que aclaró que las normas de desempeño de la CFI se aplican a toda la «cadena de suministro», desde el productor al minorista (para todos los productos básicos, no solo el aceite de palma). Por consiguiente, la nueva estrategia exige que los clientes del sector del aceite de palma lleven a cabo una evaluación detallada de sus proveedores, formulen una política de compras y adopten sistemas de gestión y supervisión que aseguren el cumplimiento de estas normas, y pasen progresivamente a comprar aceites que hayan sido producidos de acuerdo con las normas de la RSPO o normas equivalentes. Durante los últimos seis años el FPP ha exigido persistentemente que este planteamiento sea aplicado a toda la cadena de suministro del Grupo Wilmar, pero de momento ni la CFI, ni la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman, ni mucho menos la propia Wilmar han sido capaces de atender esta petición.

Mientras tanto, sobre el terreno, la mayoría de las disputas entre las filiales de Wilmar y las comunidades locales siguen sin solución y desde luego continúan proliferando, tanto en Indonesia como últimamente en Nigeria.