Pueblos indígenas y afrodescendientes alertan a la CIDH de violaciones de derechos humanos y territorios por mercados de carbono en América Latina

 

"Las propuestas de contratos de créditos de carbono en el mercado voluntario no ofrecen mecanismos efectivos de conservación ambiental, al tiempo que convierten la naturaleza en nuestros territorios en una mercancía pasible de negociación en el mundo entero sin que tengamos control sobre ese mercado", señaló. 

 

También enfatizó que muchas veces son las propias entidades del Estado que no cumplen con los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, destacando las falencias del marco regulatorio brasileiro ante la expansión de estos mercados. 

Perú

 

“Rechazamos las falsas soluciones basadas en la naturaleza y la neutralidad del carbono que solo sirve para que las empresas maquillen una imagen de verde ante la sociedad pero que por otro lado promueven y premian el despojo de nuestro territorio." Marisol García Apagüeño, presidenta de FEPIKECHA, Perú. 

 

En la sección sobre Perú, Marisol García explicó cómo la creación del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su proyecto de conservación excluyente se han realizado a espaldas de las comunidades Kichwa de San Martín y desconociendo derechos colectivos que se vinculan a su territorio ancestral. También profundizó sobre las afectaciones que el PNCAZ y el proyecto REDD+ que CIMA gestiona en el Parque han ocasionado para las comunidades Kichwa (entre ellas, afectaciones a sus medios de vida, la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales, la falta de consulta y participación en la toma de decisiones, y la falta de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas). 

Enfatizó que las comunidades kichwa siguen sin recibir beneficios económicos a pesar de las ventas millonarias de bonos de carbono provenientes del PNCAZ a empresas contaminantes como Total Energies. También cuestionó cómo los gestores del Parque y las empresas que compran bonos del PNCAZ para lavar su imagen definen “beneficios”, sin tomar en cuenta los puntos de vista de las comunidades kichwa que han protegido estos territorios durante cientos de años.

 

Dejó claro que lo que piden las comunidades Kichwa, ante todo, es el reconocimiento de sus territorios ancestrales, "El pueblo Kichwa exigimos que el estado peruano cumpla sus propias normas y los convenios internacionales y demarque nuestros territorios ancestrales que fueron robados por el Parque Cordillera Azul y pedimos que el estado peruano regule y fiscalice el Proyecto REDD+." 

 

Guyana

 

"No hemos visto ninguna prueba de que la venta de carbono esté ayudando a la Madre Tierra. Aunque el Gobierno vende créditos de carbono y promete mantener los árboles en pie, sigue otorgando concesiones mineras sin preocuparse por la destrucción de nuestros bosques". Mario Hastings, líder Akawaio, Alto Mazaruni, Guyana

 

Lakhram y Mario detallaron cómo el Estado de Guyana no consultó adecuadamente a pueblos indígenas antes de emprender un programa REDD+ jurisdiccional que comprende la venta de millones de bonos de carbono provenientes de los bosques de todo el país. Cuestionaron la venta de estos bonos a empresas contaminantes como la petrolera Hess supuestamente para “proteger” el bosque cuando el Estado sigue otorgando concesiones mineras en territorios indígenas sin su consentimiento. También enfatizaron que, a pesar de que algunas comunidades han acogido con satisfacción la recepción de beneficios, no participaron en el diseño del plan de reparto de beneficios y no pudieron decir al Gobierno lo que consideran una compensación adecuada por la inclusión de todos sus bosques en el plan nacional de carbono.

 

"Acabamos de saber hoy que ART ha emitido otros 7,14 millones de créditos de carbono a Guyana para el año 2021. En su anuncio de hoy, ART afirma que los pueblos indígenas fueron consultados sobre la iniciativa REDD+ del Gobierno y que se están beneficiando de ella". Lakhram Bhagirat, APA.

 

Es por ello que APA presentó una queja ante la certificadora del programa de bonos de carbono en Guyana (ART TREES). Lamentablemente, esta entidad no cumplió con los estándares internacionales en el procedimiento que se llevó a cabo, por lo que la queja fue desestimada. Esto pone en relieve la ineficacia de estos mecanismos de queja interno a la hora de salvaguardar los derechos de comunidades afectadas por este tipo de proyectos. 

 

“ART no se comprometió de buena fe con la información sobre los problemas con el programa jurisdiccional REDD+ de Guyana que se le presentaron, especialmente durante los procesos de queja y apelación subsiguientes. La primera prueba en el mundo del mecanismo de reclamación de ART demuestra que no aplica los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos... Y no ha conducido a resultados acordes con la legislación internacional sobre derechos humanos," señaló Lakhram. 

 

Colombia

 

"El problema principal de REDD+ es que el modelo en general y los proyectos en particular desconocen el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en la protección de la vida en el planeta."

 

Julián Trujillo, Gaia Amazonas. 

Los abogados de DeJusticia y Gaia Amazonas, Paulo y Julián, presentaron sobre la demanda que el Consejo Indígena del Río Pirà-Paraná interpuso ante la Corte Constitucional colombiana pidiendo que se cancelara un contrato de venta de bonos de carbono suscrito por una promotora privada de proyectos de bonos y un individuo que decía representar a la comunidad. Este último, sin embargo, no era representante legal del Consejo indígena ni tenía autoridad para firmar este tipo de contrato en nombre de las comunidades del Pirà-Paraná. 

 

"El territorio indígena del Pirá Paraná se ha visto afectado por la formulación, el desarrollo y la comercialización por parte de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), y otros, de un proyecto que no fue autorizado por el gobierno indígena." 

 

Contextualizaron que estos proyectos suelen imponerse desde el exterior, replicando un modelo de intervención en comunidades indígenas propiamente colonial. Resaltaron como el proyecto en cuestión impactó la gobernanza territorial de las comunidades afectadas –particularmente ante la presión que los gestores del proyecto ejercieron para que éstas disminuyeran áreas de chacra– y los conflictos intraétnicos que el proyecto generó en el seno de estas comunidades.

También remarcaron sobre la falta de marcos regulatorios efectivos para salvaguardar los derechos de pueblos indígenas ante la venta de créditos de carbono en Colombia. 

Mayor regulación de los mercados de carbono y respeto por la autodeterminación indígena 

Una vez concluidas las presentaciones por países, la abogada de IDL, Cristina Gavancho, solicitó a la Comisión que:

• Priorice la tramitación de peticiones y casos que se vinculen a justicia climática en general y, en particular, a pueblos indígenas y comunidades locales cuyos derechos han sido vulnerados por acciones emprendidas para enfrentar el calentamiento global.
• La Relatoría Especial sobre libertad de expresión (RELE) desarrolle estándares concretos y promueva políticas estatales específicas sobre los derechos de acceso a la información, transparencia y participación en los procesos de certificación y registro de la venta de créditos de carbono.
• La Relatoría Especial sobre Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) (i) desarrolle una línea de trabajo específica sobre el impacto de los mercados de carbono en los derechos de los pueblos indígenas y tribales y (ii) investigue y publique un informe sobre el impacto de las llamadas iniciativas de "financiación verde sobre los pueblos indígenas.
• Incorpore la temática de mercados de carbono en su Informe Anual y en los informes anuales de su RELE y REDESCA.
• Emita una nueva resolución sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de las iniciativas de financiación verde.
• Inste a los Estados de la región a que: (i) adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de los créditos de carbono; y (ii) establezcan una hoja de ruta para garantizar el derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en el mercado de créditos de carbono.

Durante la audiencia, varios de los comisionados hicieron preguntas a los ponentes para profundizar sobre la información aportada durante sus intervenciones. La CIDH reconoció la importancia de adoptar medidas para regular la venta de bonos de carbono en la región y se comprometió a incluir este tema en su plan de trabajo, explorando acciones que sirvan como guía para los Estados.

Otros procesos de incidencia relacionados a violaciones de derechos por el Parque Nacional Cordillera Azul y la situación grave de defensores indígenas de derechos humanos en Perú 

Las delegaciones presentes en Washington, DC para la audiencia también aprovecharon su estancia para llevar a cabo una serie de reuniones relacionadas. 

Amazon Watch organizó un evento de sociedad civil para que las y los ponentes de la audiencia, incluyendo el apu Isidro Sangama Sangama de CEPKA y el líder juvenil Carlos Deivis Lozano de FEPIKECHA, pudieran dar a conocer la situación de los pueblos indígenas ante la expansión de los mercados de carbono en América Latina. 

Las delegaciones de Perú y Colombia también tuvieron ocasión de reunirse con USAID, una entidad del gobierno estadounidense que financia proyectos de desarrollo y conservación en todo el mundo. La delegación del pueblo kichwa quiso indagar por qué habían financiado acciones del Parque Nacional Cordillera Azul y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera en la región San Martín, las cuales violaban sus derechos y cómo y qué mecanismos de salvaguardas habían implementado o implementarían para abordar esta situación.

Los líderes kichwa fueron en persona a las oficinas de Verified Carbon Standard (Verra) –una de las certificadoras que ha certificado bonos de cabono vendidos por CIMA en el PNCAZ—para presentar un informe sobre como el proyecto REDD+ ha supuesto una grave violación de sus derechos fundamentales. Aunque no había nadie en el despacho de Verra para recibirles, personal de la certificadora se puso en contacto con las federaciones por correo electrónico para acusar recibo del informe. Verra, reafirmando su compromiso de tomar muy en serio las alegaciones mencionadas en el informe, se han comprometido a estudiarlo con cuidado y se pondrán en contacto con las federaciones kichwa para hacer seguimiento. 

En líneas generales, los Kichwa le piden a Verra suspender la emisión de nuevos créditos del Proyecto REDD+ del PNCAZ hasta que se lleve a cabo una investigación completa y que incluya una misión técnica especial a las comunidades kichwa en coordinación con sus organizaciones representativas y se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de dichas comunidades. Y reconocer públicamente los déficits de las certificaciones del  Proyecto REDD+ del PNCAZ, especialmente en relación a transparencia, acceso a información y respeto a los derechos territoriales y a la libre determinación de los pueblos indígenas. 

La lideresa Kichwa Marisol también intervino durante una audiencia temática sobre la situación de defensores de derechos humanos en el continente el 29 de febrero, por parte de AIDESEP. En este espacio, pudo incidir sobre la falta de protección efectiva que reciben los defensores de pueblos indígenas por parte de las autoridades peruanas, mencionando el reciente asesinato del Apu Quinto Inuma. 

Enlaces

• Informe a la CIDH
• Video de la audiencia
• Comunicado de la CIDH
• Presentación de APA
• Presentación de DeJusticia y Gaia Amazonas
• Informe a VERRA