Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

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La creciente demanda mundial de aceite de palma está avivando la expansión a gran escala de plantaciones de palma de aceite por todo el sudeste de Asia y por África. La preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la conversión de vastas extensiones de tierra en plantaciones de monocultivo condujo al establecimiento en 2004 de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la cual fomenta la expansión de la palma de aceite de maneras que no destruyan altos valores de conservación ni causen conflictos sociales. Numerosas agencias internacionales también han pedido reformas de los marcos nacionales para asegurar los derechos de las comunidades y establecer una gobernanza de la tierra buena y responsable.

De conformidad con el derecho internacional, los Principios y Criterios de la RSPO exigen que las empresas que sean miembros de la Mesa respeten el derecho colectivo de los pueblos indígenas y otras comunidades locales a dar o denegar su consentimiento previo para el desarrollo del sector de la palma de aceite en las tierras que poseen, habitan y utilizan. ¿Están cumpliendo las empresas sus promesas? Esta pregunta es abordada en este volumen editado de 16 estudios de caso detallados e independientes, que incluye dos actualizaciones, realizado en siete países de Asia y África  por un consorcio de ONG.

Estos estudios revelan que en algunos casos el proceso de la RSPO ha permitido que las comunidades y las empresas comprendan mejor cómo se consigue un «desarrollo sostenible». Asimismo se pueden observar mejoras en los procedimientos que podrían proporcionar una base para solucionar algunos conflictos territoriales. Sin embargo, en general las empresas de palma de aceite no están respetando los derechos territoriales consuetudinarios, están adquiriendo tierras sin el pertinente consentimiento, están violando o evitando cumplir las leyes nacionales o las sentencias de los tribunales y están infringiendo abiertamente la norma de la RSPO.

La brecha entre las leyes nacionales y la norma de la RSPO resalta la urgente necesidad de reformar la gobernanza y las leyes nacionales para proteger adecuadamente las tierras de las comunidades frente a la expropiación, y proporcionar reparaciones justas a los abusos de los derechos. Los pueblos indígenas y los agricultores locales deben ser protegidos frente a las «apropiaciones de tierras», y su derecho a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado tiene que ser respetado. La plena trazabilidad de la cadena de suministro es necesaria para asegurar que las protección del medio ambiente están en armonía con la plena protección de los derechos humanos. Tal responsabilidad debería aplicarse también a los inversores.

La norma de la RSPO tiene que ser fortalecida y aplicada, pero mientras las leyes y políticas nacionales asignen tierras a empresas sin respetar los derechos de las comunidades, será difícil que las empresas cumplan con estas obligaciones,  haciéndose inevitable el surgimiento de nuevos conflictos.