Costa Rica: los pueblos indígenas sufren violentos ataques por exigir el reconocimiento de sus derechos territoriales

En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas con una población total de 104 143 personas, lo que equivale aproximadamente a un 2,4% de la población nacional. Muchas de estas personas viven en territorios indígenas legalmente reconocidos y sobre los que tienen títulos de propiedad, así como en tierras que han ocupado tradicionalmente,  pero que no están reconocidas o tituladas en la actualidad. La mayoría de los territorios de los pueblos indígenas han sido extensa e ilegalmente ocupados por personas no indígenas, habiendo casos extremos en los que un 98% de la tierra está en manos de personas no indígenas.

 

El reconocimiento de territorios indígenas comenzó a finales de los años 30 y la ocupación ilegal de estos territorios ha sido documentada desde por lo menos finales de los años 60, cuando unos informes oficiales del Estado la reconocieron como situación grave y urgente. Sin embargo, lamentablemente no se han tomado medidas concretas para abordar el problema. En 1977 Costa Rica adoptó la Ley Indígena, en virtud de la cual estas reservas indígenas son «inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas (...)». No obstante, las acciones y omisiones de Costa Rica contravienen su propia legislación nacional y sus obligaciones internacionales porque implícitamente están aprobando esta ocupación ilegal. Dichas acciones y omisiones han tenido graves consecuencias para los pueblos indígenas, ya que estos no pueden ejercer ni disfrutar plenamente de sus derechos de propiedad y de otros derechos conexos.

Los estudios[1] realizados documentan que este problema afecta a toda la nación, ya que unas 6087 personas no indígenas ocupan ilegalmente el 43% (142 386,77 hectáreas) de la superficie que ha sido legalmente titulada a pueblos indígenas. Solo en dos de su 24 territorios los pueblos indígenas están en posesión del 100% de las tierras sobre las que tienen títulos de propiedad;  en cinco de ellos (20,75%) están en posesión de entre un 75 y un 90%; en cuatro (16,66%) están en posesión de entre un 58 y un 60%, y en seis (25%) están en posesión de entre un 32 y un 50%.  En los siete territorios restantes (29,16%), poseen menos de una cuarta parte de las tierras sobre las que tienen títulos de propiedad, y en tres de ellos poseen menos de un 10%. 

A lo largo del pasado año los pueblos indígenas y sus líderes han sido atacados simplemente por exigir la protección de sus derechos territoriales. Desde febrero de 2012 el odio y la tensión racial contra los pueblos indígenas han llevado al intento de asesinato de dos líderes indígenas (Pablo Sibas Sibas del pueblo Teribe y Sergio Rojas, líder de los Bribri de Salitre) y  causaron graves heridas  a más de veinte personas.  El atentado contra la vida de Sergio Rojas fue instigado en parte por la Municipalidad de Buenos Aires, que lo declaró persona non grata. Hace apenas unos días, el 6 de enero de 2013, tres miembros pacíficos y desarmados del pueblo Bribri de Salitre, que participaban en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente dentro de su territorio, fueron atacados a media noche por asaltantes no indígenas armados. A Wilbert Ortiz le dieron un tiro en la pierna, a Marcos Obando Delgado le hicieron profundas laceraciones y le cortaron dos dedos con un machete, y Mainor Ortiz Delgado también fue agredido con un machete y torturado con una barra de hierro candente que le dejó cicatrices permanentes en el pecho. Sin duda estos ataques han causado graves traumas físicos y psicológicos. 

Como resultado de este incidente, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica y la oficina de las Naciones Unidas en este país enviaron un comunicado de prensa conjunto[2] en el que condenaban estos actos de violencia e instaban al Estado a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad física de todas las personas implicadas en el conflicto. Pedían que «estas situaciones sean resueltas por medios pacíficos, dentro del marco de la legalidad y garantizando el derecho de las personas indígenas a su territorio».

Estos violentos y atroces actos contra los indígenas y sus líderes no tienen precedente en la historia reciente de Costa Rica y son sintomáticos de la negligencia del Estado a la hora de abordar adecuadamente la situación de los derechos territoriales, a pesar de las peticiones de los pueblos indígenas y las recomendaciones de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

[1] Para ver las cifras detalladas de la tenencia de la tierra en Costa Rica, por favor visite: http://tinyurl.com/bygfv6b

[2] http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:preocupacion-por-los-hechos-de-violencia-ocurridos-en-el-territorio-indigena-de-salitre&catid=49:reduccie-la-pobreza-desigualdad-y-exclusi&Itemid=101